La situación de la mina no ha variado, hace un mes que no produce y los compañeros de planta permanente todavía no han cobrado el mes de junio. Los trabajadores contratados por las subcontratistas truchas del ex concesionario Tasselli están en peores condiciones, ya que hace tiempo que reciben montos a cuenta de sus haberes y encima en períodos irregulares que exceden largamente los plazos mensuales.

El interventor había prometido, cuando los mineros ocupaban la Legislatura, que pagaría la segunda semana de julio.

En cumplimiento del mandato de la Asamblea Comunitaria, se están recabando firmas en un petitorio que tiene los siguientes puntos: 1) Exigir la urgentederogación del decreto presidencial 1052/02, que impide la plena producción y explotación del Complejo Minero y Ferroportuario Río Turbio, Río Gallegos y Punta Loyola, evitando de esta manera el cierre del principal emprendimiento industrial y productivo de la provincia de Santa Cruz, que le da posibilidad de vida a 15.000 habitantes, en el extremo sur de la Patagonia argentina. 2) Que el gobierno de la provincia de Santa Cruz, tome la decisión de construir una Usina de Generación Eléctrica a carbón, para que se constituya una sola unidad económica para darle valor agregado a nuestro mineral. De esta manera se cumpliría con el decreto presidencial Nº 1034/02, que establece que ambos Estados (nacional y provincial) deben acordar el futuro del Yacimiento Carbonífero.

Se han recolectado más de 3.000 firmas en menos de una semana; en Río Gallegos ya se largó la campaña Ponéle la firma… la mina no se cierra y se construye la superusina, que consiguió en una semana más de 4.500 adhesiones, sólo en la tradicional esquina de Roca y San Martín. La tarea se viene realizando con grupos integrados por docentes, trabajadores del carbón de la Lista Negra y compañeros de la CTA.

En Caleta Olivia, en la zona norte de la provincia, se recolectaron en tres días más de 3.000 firmas. Al finalizar el receso invernal, se estima duplicar la cantidad de firmas.

La provincialización del conflicto está coordinada por la CTA.

Mientras tanto, en Río Turbio se votó una ordenanza que conforma una empresa municipal de servicios mineros, medida que genera preocupación ya que sería el paso previo a la municipalización de la empresa.

Párrafo aparte merece la propuesta de formar cooperativas que le ofrecieron como alternativa a los compañeros contratados, y que éstos rechazaron.

Hoy la mina está cerrada, han condenando a muerte vegetativa al yacimiento, Sin em bargo, los mineros no se rinden. La lucha continúa por una empresa estatal bajo el control de los trabajadores, el pase de los contratados al convenio laboral, el pago de todas las deudas salariales y que el gobierno provincial asuma la responsabilidad política que le cabe, tanto en la construcción de la superusina como en el envío de fondos para empezar a producir; todos reclamos respaldados por la comunidad y que ratifican el mandato del Congreso del Carbón.