Por estos días, viene tomando impulso una fuertísima presión patronal para levantar la feria sanitaria dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La cruzada capitalista se realiza a través de los grandes estudios jurídicos y de los distintos Colegios Públicos de Abogados de las provincias, incluido ahora el de la Ciudad de Buenos Aires, comandado por Jorge Rizzo.

Incluso, algunos han convocado a una movilización al Palacio de Justicia, reclamando que luego del 24 de mayo se levante la feria en forma total.

Condiciones

El levantamiento de la feria resultaría tan peligroso como inviable.

Por un lado, porque la infraestructura vetusta de Tribunales, con la mayoría del personal en condiciones de hacinamiento laboral y un tránsito diario de 100 mil personas, impide el distanciamiento social.

Por el otro, por la obsolescencia del sistema informático, que impide en la práctica el teletrabajo, ya que el sistema se cae aún con una cantidad restringida de competencias (lo cual se traduce en menor cantidad de tráfico en la red). La habilitación de mayores competencias a tratar haría colapsar el sistema informático, tornando imposible el teletrabajo que se viene realizando para cuestiones urgentes.

La (i) responsabilidad de la Corte

Recién pasados los 50 días de cuarentena, la Corte dictó protocolos que hacen las veces de pautas generales. Sin embargo, no ha instrumentado ninguna medida concreta para acondicionar los edificios y poner en mejor funcionamiento el sistema informático. Recursos para hacerlo no le faltan: en estos años, los cortesanos amasaron dos fondos anticíclicos que sumados ya superan los 50 mil millones de pesos. Si bien en la Acordada 4/20 se dispuso una partida de 40 millones para atender a los gastos de la pandemia (el 0,08% de dicho fondo), lo cierto es que ni eso se vio en acciones concretas.

Para aquellos funcionarios y empleados que han debido cumplir guardias mínimas en forma presencial, no se han colocado mamparas de acrílico para la atención al público, ni se ha provisto de alcohol en gel y barbijos a las oficinas. Tampoco se han comprado termómetros para medir la temperatura en los ingresos de los edificios ni dispuesto sistemas de ventilación para las cientos de oficinas que no tienen circulación de aire.

Ni siquiera se han dispuesto partidas para entregar computadoras a todos los empleados que las necesiten para el trabajo remoto.

El default del Consejo de la Magistratura y la extorsión salarial

En uno de sus últimos plenarios, el Consejo de la Magistratura manifestó que para el mes de junio ya no dispondrá de fondos para pagar los salarios de unos 26 mil trabajadores judiciales. Se trata de un faltante estimado en $25 mil millones.

Sucede que a la recurrente crisis presupuestaria se suma ahora en una baja de los recursos que el Tesoro transfiere al Poder Judicial de la Nación, ya que la ley de autarquía financiera del Poder Judicial prevé que el financiamiento se nutre de un 3,5% de la masa de recaudación del Estado y esa ha caído por la cuarentena y la recesión.

Ante esto el Consejo -ahora manejado por una mayoría circunstancial en favor del gobierno nacional- le ha reclamado a la Corte Suprema que se haga cargo del pago de la totalidad de los salarios utilizando su fondo anticíclico, en lugar de pedirle partidas al Ejecutivo.

La Corte no ha respondido públicamente a dicho requerimiento público. Por el contrario, en su última Acordada encomendó al Consejo que arbitre los medios para poner en funcionamiento el teletrabajo.

Piumato

La Union de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), conducida por Julio Piumato, ha defendido desde el comienzo de la pandemia la necesidad de una feria sanitaria. En ese sentido, contó a favor con que se trataba de un reclamo muy sentido por la base -que venía siendo canalizado por distintas comisiones internas- y que el Colegio Público de Abogados en un inicio también se trazó como objetivo la inmediata declaración de la feria.

También se expresó por la instauración de protocolos de seguridad e higiene, la implementación del teletrabajo y otras medidas, pero lo hizo en el aire, porque ha mantenido su línea histórica de defender el no uso del fondo anticíclico como si fuera una defensa de la independencia del Poder Judicial (léase, en realidad, del bolsillo de la Corte).

Por eso, ahora que las obras no se hicieron y que el frente con el Colegio de Abogados se quiebra, se pone más de manifiesto que Piumato dispara con la pólvora mojada. Mientras que dice actuar para defender la salud de los judiciales, colabora con la Corte para que no use el fondo anticíclico, única fuente de recursos que el Poder Judicial tiene ahora mismo para atender a la emergencia.

Un programa para la defensa de la salud y el salario

La Corte dispone de un fondo acumulado equivalente a más de un presupuesto anual. Por ello, en medio de la emergencia, debe procurar una verdadera partida extraordinaria para hacer frente a las necesidades sanitarias y tecnológicas de la pandemia.

Asimismo, la Corte, el Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos deben gestionar ante el gobierno las partidas necesarias para garantizar no solo el pago integral de los salarios, sino también para proceder en lo próximo a una recomposición salarial ante una inflación que no para de crecer. Los trabajadores judiciales no son responsables de la caída de la recaudación ni tampoco de la inflación.

No se debe levantar la feria sanitaria hasta tanto pase el pico de contagios, y mucho menos los trabajadores deben volver a Tribunales hasta tanto se realicen las obras correspondientes y se acuerden protocolos sanitarios con los trabajadores.

Este es el programa que venimos defendiendo desde las comisiones internas y fueros en los que interviene la Agrupación Bermellón.