Según el informe oficial de marzo la inflación acumula un 104,3% interanual, por lo que el acuerdo paritario que aceptó la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) el mismo mes no resolvió la sangría en el salario.

El insuficiente aumento del 40% sobre el sueldo básico de diciembre del 2022 se cobra en tres diluidos pagos (20 % en marzo, 6 % en mayo y 14% en julio) y sin retroactivo. Para cerrar ese acuerdo a la baja con la Gobernación, la dirección burocrática convocó asambleas vaciadas y aparateadas. Esto deja en evidencia su complicidad en el golpe al bolsillo de les judiciales. Es la misma oferta que aceptaron sin chistar el resto de las conducciones gremiales estatales, en un “acuerdo amistoso” con Kicillof. Incluye un monitoreo y revisión en mayo, con reapertura de la negociación recién en el mes de agosto.

Ante la evidencia del pésimo cierre paritario, y con el ánimo de calmar las aguas, la conducción provincial de la AJB se limitó a remitir “con delay” una nota en abril para el adelantamiento del monitoreo. El viernes 5 del presente se llevó a cabo dicha reunión, en consonancia con el llamado de revisión al conjunto de los  gremios estatales. El tímido pedido de la AJB fue adelantar el cobro del 6 % y 14%, y la reapertura de la paritaria a julio. Según el informe de la conducción gremial, el Ejecutivo ‘’tomó nota” del pedido y convocará a una “nueva conversación”.

Todas estas peticiones están claramente retrasadas, y las respuestas de parte del gobierno serán más tardías aún, de tal manera que siempre estamos corriendo de atrás a una inflación disparada, y perdiendo en el valor salarial.

Les judiciales estamos cada vez más lejos de recuperar los 20 puntos perdidos en nuestros salarios en los últimos años, cuya responsabilidad la tienen las conducciones gremiales burocráticas y la oposición mayoritaria por su tibieza y entreguismo sin lucha.

La situación no da para más, les judiciales tenemos que organizarnos independientemente, exigir a la AJB que rompa con su integración al gobierno de Kicillof y emprender medidas serias para la recuperación de nuestro salario, las mejoras en las condiciones laborales y de la infraestructura edilicia, contra la violencia laboral, así como de la crítica situación que atraviesan los peritos de la provincia que se han declarado en emergencia.

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