La comisión gremial interna de Infobae denunció hoy públicamente a la empresa dirigida por Daniel Hadad, por aprietes y amenazas recibidos por sus trabajadores para abandonar la modalidad de home office y "normalizar" las tareas en la redacción. 

Con un comunicado público titulado "Infobae quedate en casa: la empresa no cuida a sus trabajadorxs del coronavirus", la CGI citó lo ocurrido en la mayoría de los medios -que actualmente están desarrollando sus tareas de manera virtual-, mientras que quienes se negaron a volver al trabajo presencial en Infobae fueron presionados bajo la intimación de que la negativa sería informada a las altas autoridades de la empresa.

Además, la CGI denunció a la patronal por hacer una interpretación caprichosa del DNU que exceptúa a los medios de comunicación a adecuarse a la cuarentena, y responsabilizó a la empresa por cualquier situación que pudiera afectar la salud del personal. 

Concretamente, los trabajadores reclamaron el fin de las presiones e intimidaciones a los trabajadores y trabajadoras para que asistan a la redacción, la adopción del teletrabajo hacia la totalidad del personal, en el marco de las medidas de aislamiento obligatorio, y el establecimiento de un esquema de guardias presenciales mínimas, voluntarias y de carácter rotativo. 

Casi de forma inmediata, la patronal se vio obligada a recular y las autoridades comenzaron el mismo jueves a informar sobre esquemas de trabajo presencial rotativo, además de mostrarse más contemplativa con los y las trabajadoras que plantearan situaciones particulares. 

El episodio refleja, entre otras cosas, lo denunciado esta semana por la Naranja de Prensa. Las patronales periodísticas, que acaban de recibir de parte del gobierno de Alberto Fernández un aumento sensible de la pauta oficial, representan a uno de los pocos sectores que se benefician de la crisis planteada por el coronavirus. 

Con todo, no han sido instadas a firmar ningún compromiso con relación a la preservación de los trabajadores de prensa, quienes vienen denunciando y sufriendo salarios de pobreza (la categoría testigo de redactor no llega ni a $40.000, como resultado de una pérdida del poder adquisitivo del 50% en siete años), creciente precarización y violación de convenios, incumplimientos salariales y más de 4.500 despidos en los últimos 4 años.

La organización gremial y el control popular de la cuarentena, son el camino para que la crisis no la paguen los trabajadores.