Los días 24 y 25 de septiembre se realizará un nuevo paro nacional de trabajadores judiciales, esta vez de 36 horas, con modalidad de desconexión y con una movilización que convoca la directiva de la UEJN (Piumato) en el Palacio de Justicia. De no haber respuesta a los reclamos, la medida se replicará en idénticos términos la semana próxima.

Ya van más de nueve meses de congelamiento salarial, con una pérdida de poder adquisitivo que va desde el 20% al 27%, dependiendo la categoría, sin que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni el gobierno se avengan a dar respuesta al reclamo de recomposición salarial del 25%. Asimismo, sigue en carpeta la reforma judicial que plantea el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, lo cual implicaría una fuerte “reforma laboral” para más de 5 mil judiciales. Pero los problemas preexistentes y los suscitados por la pandemia son todavía muchos más.

Los judiciales hemos conquistado el trabajo remoto ante una situación edilicia, de tribunales, que hace impracticable el distanciamiento social en las oficinas y dependencias (inmuebles derruidos y con hacinamiento de trabajadores y público). Se trató de un gran logro contra el lobby de los grandes estudios jurídicos y los Colegios de Abogados.

Sin embargo, el gobierno y la Corte aprovecharon el aislamiento de los trabajadores en sus hogares para avanzar sobre el salario y las condiciones de trabajo, ante una burocracia que no cuenta con los medios ni con la autoridad para convocar a los trabajadores en este contexto adverso. Es en este cuadro que se impone reconstruir los lazos organizativos superando los obstáculos que presenta la pandemia.

Que la Corte adelante el pago

A nadie se le escapa que la Corte Suprema no puso ningún recurso adicional desde que comenzó la pandemia hasta acá. Ni para salarios, ni para mejorar los sistemas, ni para implementar medidas de seguridad e higiene. Fondos no le faltan para nada. Los Cortesanos tienen depositados más de $50 mil millones de un fondo anticíclico en los bancos públicos.

La burocracia de Piumato no busca organizar a los trabajadores, sino que intenta tirar medidas a la espera de que la Corte tire un salvavidas. En esa línea, rechaza abierta y férreamente que la Corte utilice el multimillonario fondo anticíclico para adelantar el pago del aumento salarial requerido o para ponerlos al servicio de una política de prevención ante la pandemia.

Un plan de lucha para organizar a los/as judiciales

Al reclamo de que el gobierno autorice el pago de la recomposición salarial, debemos unificarlo al planteo de que la Corte eche mano a los miles de millones que guarda para la timba financiera y adelante el aumento que reclaman los judiciales, junto a una partida especial para atender a los gastos que surgen de la pandemia.

También, debemos seguir impulsando la clarificación entre los compañeros respecto del verdadero carácter de la reforma judicial y el mentado traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad. Junto a esto, el reclamo de un control de los judiciales respecto de la pésima gestión de la obra social, cuyo Directorio se encuentra intervenido por la Corte desde… 1976.

Que la vacuna para el Covid-19 no llegue en los tiempos previstos ha hecho circular el rumor en “los pasillos” de que vamos a una larga cuarentena de trabajo remoto en el Poder Judicial. Por ello, se vuelve imperioso dotarse de los medios para reorganizar la vida gremial y ponerle un límite al ajuste de la Corte, el gobierno y los ministerios públicos.

De la mano de desenvolver estos planteos, la clave pasa por llevarlos a la base a partir de asambleas y reuniones por edificio y lugar de trabajo. Dicha práctica, debe apuntar a elección de delegados por juzgado y dependencia para constituir cuerpos de delegados por fuero que unifiquen a todas las oficinas y a todos los trabajadores. En esa lucha estamos. Todos/as al paro de 36 horas.