El pasado jueves 11, en la Legislatura de Córdoba, desde UEPC Capital se impulsó una audiencia pública sobre la mal llamada "Ley de Equidad Jubilatoria", a la que asistieron legisladores de varias fuerzas políticas, entre ellos la legisladora del Frente de Izquierda, y organizaciones gremiales como La Judicial, que se encuentra en plena pelea paritaria contra el ajuste que pretende imponer el gobernador de Córdoba, y que viene peleando en conjunto por la propia derogación de esta ley, que atenta de manera directa contra los salarios de los trabajadores activos de la provincia, como así también contra las jubilaciones, debido a que mediante esta ley se procede al descuento de los salarios en sumas que van del 2% al 8%.

La audiencia fue preparada mediante una agitación que incluyó una carta a los sindicatos estatales “por el paro provincial y el plan de lucha; para defender jubilaciones y salarios, la Caja y el 82% móvil”. El mencionado escrito expresa una orientación para el conjunto de lxs estatales que están padeciendo un brutal ajuste en salarios y jubilaciones.

La agitación denunció el rol de la burocracia sindical por su sometimiento al gobierno y por dejar pasar el ajuste. Asimismo, planteó la exigencia de paro y plan de lucha provincial, sin dudas fue una de las conclusiones de la audiencia pública. Otro tema muy debatido en la convocatoria fue la problemática de la Caja de Jubilaciones, que el gobierno de Córdoba indica que está en crisis.

Sin embargo, esa situación es responsabilidad del propio gobierno por partida doble: los socios políticos del gobernador Llaryora intervinieron la caja de jubilados de la provincia hace 30 años, por lo que cualquier desfalco que pueda existir no es más que responsabilidad de quienes la mantienen intervenida, e hicieron de sus arcas un vaciamiento económico que no se vio reflejado en las condiciones de los jubilados cordobeses, que se ven cada vez más ajustados por las diferentes leyes jubilatorias, como la 10.694 y posteriores normas que lo único que lograron fue reducir las jubilaciones mediante el cálculo jubilatorio, donde un jubilado recién retirado no llega a cobrar el 60% del salario de un trabajador activo.

La confiscación de salarios por parte del gobierno llegó al punto que un trabajador activo en la provincia de Córdoba puede llegar a aportar hasta el 30% de su salario en cargas sociales, hecho que no se ve reflejado en las contraprestaciones que brinda la provincia, siendo que las jubilaciones son cada vez más magras.

Asimismo, se planteó que, aun si existiera una crisis real en la caja de jubilados de la provincia, el problema sigue siendo responsabilidad del propio Estado interventor, en tanto la provincia y las municipalidades de distintas localidades mantienen a trabajadores del Estado sin ningún tipo de condición laboral formal, con una mera registración y sin ningún tipo de aporte jubilatorio, bajo figuras antijurídicas como becarios, monotributistas y contratados. Es decir, todos los caminos llevan a Roma: los únicos responsables de las condiciones de la caja de jubilados son los distintos gobiernos que han sido parte de una política de ajuste y precarización laboral creciente.

Esta ley fue sancionada a fines del año pasado, entre pan dulce y garrapiñada, tomando de sorpresa a los trabajadores del Estado provincial, mientras el gobernador Llaryora reducía impuestos al campo y a la industria, y sobrecargaba los aportes de los trabajadores de la provincia de Córdoba.

Todo este accionar se da en el marco de un gobierno golpeado en varios frentes. Por un lado, el conflicto docente que se logró zanjar y cuya propuesta fue aprobada únicamente mediante la represión y la infiltración de la asamblea de delegados por policías vestidos de civil. Por otro, la contundente movilización del 3J que desnudó la corrupción estatal a raíz del femicidio de la estudiante Agostina Vega, a manos de un femicida que era militante activo del PJ provincial y municipal, con fuertes vínculos con concejales de la Municipalidad de Córdoba. Ambas situaciones expresan con claridad el carácter de un gobierno que responde a la protesta social con represión y encubrimiento.

Frente a este panorama, las organizaciones presentes en la audiencia coincidieron en que la salida para recuperar las condiciones de jubilados y trabajadores activos pasa por la devolución de la caja de jubilados de la provincia de Córdoba, sin ningún tipo de deuda, a quienes realmente les pertenece: los trabajadores y jubilados de la provincia. También se exigió la derogación de la ley 10.694 y leyes análogas que reformulan el cálculo jubilatorio, y su reemplazo por el 82% móvil real sobre los salarios de nuestros trabajadores activos.

Bajo las mencionadas consignas, se resolvió unirse en una movilización el próximo 18 de junio a Casa de Gobierno, sumando también el reclamo del restablecimiento de las licencias gremiales de los compañeros de UEPC Capital, y la exigencia de justicia por Agostina, junto al movimiento Ni Una Menos, juventudes como es el caso de la UJS y organizaciones sociales como el Polo Obrero, que entienden que los problemas que nos aquejan tienen un único responsable. Hay diversas problemáticas que no se ven resueltas, sino que, por el contrario, se ven cada vez más agudizadas, en un ataque en regla para las y los trabajadores. Por eso, el 18 de junio a las 17:00 horas convocamos a movilizar a casa de gobierno desde la delegación de UEPC Capital en calle Maipú 30.