Luego de más de cinco meses de conflicto, el Ministerio de Trabajo ha dado luz verde, vergonzosamente, a la negociación de un convenio de crisis. Decimos “vergonzosamente” porque la resolución fue dictada en secreto el 11 de marzo, de modo tal que recién ahora, luego de presiones y reclamos, ha pasado a ser conocida por los trabajadores. El ministerio resuelve que los delegados de los trabajadores no son parte legítima para la discusión del recurso de crisis y habilita como único interlocutor válido a la burocracia del consejo nacional.

 

El 7 de abril de 2005 el ministerio notificó formalmente esta resolución a todas las partes, pero no a los más interesados, es decir a los propios trabajadores. La burocracia de Atilra, a sabiendas de esta resolución, está discutiendo desde hace varias semanas los despidos, la rebaja salarial, las jubilaciones anticipadas compulsivas, indemnizaciones por el 50%, modificación en las plantas y otros cambios apiñados en la carpeta de Taselli.

 

De acuerdo con ciertas versiones, se suprimiría la vigencia del artículo 45 del convenio, que contempla un pago por trabajo adicional los días sábados y domingos. Eso representaría una poda de alrededor de 400 pesos en los salarios. Pero el recorte podrá ir más lejos. El convenio de crisis otorga a la patronal y a la burocracia un amplio margen de acción.

 

Esta nueva escalada es la mejor desmentida a la pérfida campaña llevada adelante por Taselli y Atilra de que el conflicto se circunscribía a la planta de Carapachay, con la pretensión de dividir a los trabajadores del complejo fabril y sembrar la ilusión de que el personal de Pilar no estaría afectado. Esta pretensión se ha hecho añicos: el desmantelamiento y cierre de Carapachay no era más que la punta de lanza de una ofensiva general.

 

La implementación del convenio de crisis tampoco va a detener los despidos. No es cierto, como pretende la burocracia, que la rebaja salarial es sólo un mal menor ante la amenaza mayor representada por la pérdida de los puestos de trabajo. Ya el plan original de Taselli consistía en producir sólo leche en polvo y dejar en la calle a más de 800 compañeros.

 

Hasta el día de hoy, las plantas siguen con una enorme capacidad ociosa. No estamos hablando sólo de Carapachay, en virtual cierre, pues Pilar produce un tercio de lo habitual. Se está muy lejos, inclusive, de los parámetros normales de producción con respecto a la época en que el complejo estaba en mano de los italianos. No hay ningún plan de reactivación. Esto es la mejor confesión de que vamos a un drástico “ajuste” en sintonía con los planes de leche en polvo. En declaraciones efectuadas, semanas atrás, a la revista El Federal, Taselli corroboró ese objetivo y planteó que para ello se necesita un personal muy reducido.

 

Esto reactualiza la importancia de defender la unidad de todos los trabajadores, que fue la clave para hacer retroceder a la patronal en la primera fase del conflicto. A la tentativa divisionista, es necesario responderle con una asamblea conjunta de ambas plantas (Carapachay y Pilar), donde se rechace el convenio de crisis, se exija la presencia en cualquier negociación con la patronal de los delegados avalados por asamblea y se reafirme la lucha en defensa integral de los puestos de trabajo, el respeto del salario y el convenio. La asamblea conjunta debe ser el ámbito para votar medidas de fuerza conjuntas en caso de que se pretenda implementar algunas de las medidas nombradas.

 

Los trabajadores de Carapachay han decidido intensificar su campaña de movilización, dando a conocer su lucha al conjunto de la opinión pública. Esta campaña arranca el martes 19, cuando en el marco de la jornada de lucha convocada por las organizaciones piqueteras, los compañeros de Parmalat se concentrarán frente al juzgado para entrevistar al juez y a los síndicos a cargo del concurso preventivo la empresa.