En una nota anterior (24/3) exponíamos que en Luján la situación social, sanitaria y ambiental era crítica. Señalábamos que el escenario abierto por la pandemia Covid-19 agravaría este cuadro, al tiempo que advertíamos que la medida de aislamiento obligatorio dispuesta por el gobierno nacional, al no contar con la necesaria movilización de recursos materiales, condenaría a los habitantes pobres a sufrir la cuarentena en condiciones de miseria, hambre y hasta de riesgo sanitario.

Precisamente esto es lo que sucede por estos días en las barriadas populares de la ciudad (Villa del Parque, Ameghino, La Loma, San Fermín, Padre Varela, San Pedro, Los Laureles, etc.) donde la enorme mayoría de las familias son trabajadores desocupados, subocupados o en condiciones de absoluta informalidad. En estos barrios los artículos de limpieza, el agua potable, los alimentos y elementos básicos de protección sanitaria son una suerte de “botín de guerra”. La demora o directamente la falta de entrega de estos insumos básicos, de parte del Estado, genera un gran riesgo para la toda población.

Ante las crecientes demandas y el avance en la autoorganización de los vecinos y vecinas, la respuesta del gobierno municipal fue la creación de un Comité de Crisis Alimentaria con el objetivo de “trabajar en conjunto con organizaciones sociales y comedores comunitarios para garantizar una rápida respuesta en relación a la necesidad de miles de familias que requieren de asistencia alimentaria” (El Civismo, 28/3). Hasta el momento el accionar de este organismo, bajo la tutela de la Secretaría de Desarrollo Humano local, es más bien limitado y funciona bajo una lógica de distribución discrecional de los recursos. Además, desde la intendencia que comanda el Frente de Todos autorizaron a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de “asistencia alimentaria en algunos barrios” (Luján Hoy, 1/4). Esto significa fácticamente un reforzamiento del aparato represivo estatal en las barriadas trabajadoras.

Mientras tanto el intendente Leonardo Boto utiliza la crisis sanitaria para convalidar y consumar un fuerte ajuste salarial a los trabajadores municipales, a través del incumplimiento de los acuerdos paritarios conquistados por el sector en 2019. Además como una forma de amedrentamiento y de disciplinamiento hacia los municipales, el gobierno comunal avanza en una mayor tercerización en el servicio de recolección de residuos urbanos. En este marco los trabajadores  municipales denunciaron que no cuentan con los insumos de higiene personal para realizar sus tareas (guantes, barbijos, alcohol en gel, etc.). Así, cientos de trabajadores y trabajadoras se encuentran realizando labores esenciales en condiciones de absoluto riesgo sanitario (Luján el Línea, 26/3).

Por su parte obreros fabriles de la ciudad, como los cerveceros, han denunciado que las patronales incumplen con las medidas sanitarias preventivas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, lo cual constituye un hecho de extrema gravedad del que ninguna instancia gubernamental toma nota.

Los docentes de la Universidad Nacional de Luján a través de su sindicato ADUNLu denunciaron al rectorado quien, mediante la abrupta “virtualización” de todas las tareas docentes y el trabajo a distancia, busca imponer modificaciones unilaterales en las condiciones laborales de toda la docencia. También desde ADUNLu señalaron que en este contexto la “continuidad pedagógica”, por medio de la utilización de plataformas digitales, es absolutamente inviable y constituye el montaje de una “farsa educativa” que solo profundiza la brecha social y educativa entre los y las estudiantes.

Ante esta situación de crisis generalizada es fundamental profundizar la organización independiente de las y los trabajadores ocupados y desocupados en cada barrio para reclamar la provisión periódica de alimentos, agua potable y artículos de limpieza, la creación de un seguro al parado de $30.000 y, al mismo tiempo, denunciar cualquier medida represiva. Además, es vital que en cada lugar de trabajo se formen comités de higiene y salubridad.

Que todos los recursos nacionales, provinciales y municipales sean utilizados para atender esta emergencia sanitaria y social.