Con la excusa de inversiones en infraestructura portuaria, el 24 de agosto Mauricio Macri se reunió en la Casa Rosada con empresarios de distintas cámaras pesqueras de Mar del Plata y Chubut, funcionarios del Ministerio de Trabajo, AFIP, del Consejo Federal Pesquero y una comitiva de funcionarios de Vidal. Entre los empresarios se encontraron Solimeo y Valastro que, junto con José Moscuzza, son dos de los tres pulpos más grandes de la pesca local. Junto con Luis Caputo, del pesquero Repunte, son los beneficiarios de los convenios “pyme” homologados por el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada en el 2007.

 

El compromiso del gobierno K con las patronales fue bajar los “altos costos laborales” y la derogación de la ley que creó Áreas Marítimas Protegidas en distintos sectores operativos del Mar Argentino, para limitar la sobre explotación de los recursos pesqueros.

 

Premios

 

El gobierno de Macri hizo su parte: eliminó las retenciones e incrementó los reintegros a las exportaciones para algunos productos elaborados en tierra, y creó el Comité del Fondo de Asistencia Financiera, ya anunciado por Vidal para subsidiar a las patronales con un desembolso de $1210 millones, en su mayor parte provenientes del Estado nacional y provincial. La contratación barata de las ART (y las coimas a la Prefectura), por parte de las patronales, permite soslayar cualquier tipo de inversión en seguridad e higiene en las embarcaciones. Lo novedoso es que ahora el gobierno ha emitido letras por más de $83 millones para financiar la entrega de subsidios por parte de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en detrimento de los (pocos) recursos destinados a la prevención de accidentes laborales.

 

¿Cuál es la situación de los trabajadores?

 

La flota pesquera en Mar del Plata (y en todo el país) es una trampa mortal para los trabajadores. Con más de 40 años de antigüedad, en promedio, los empresarios envían las chatarras flotantes al mar para no perder (que no se venzan) los permisos de pesca. En los últimos 17 años, naufragaron 42 barcos, dejando un tendal de 80 trabajadores muertos. Una precarización criminal de la fuerza de trabajo. Un 35% de las mercaderías no pasan por la balanza en los puertos. Esa subdeclaración produce un mayor agotamiento de los recursos naturales y deriva en una reducción del salario atado a la producción: el proporcional al 1% del volumen de pesca que supera el asegurado por la patronal. A la subdeclaración se suma la evasión fiscal.

 

Los trabajadores embarcados no cuentan con medidas de seguridad e higiene mínimas. La ley exige “un casco y un chaleco salvavidas en cubierta” cuando las principales causas de muerte por naufragios tienen que ver con la hipotermia. Los trabajadores son sometidos en las bodegas a temperaturas de -32°, corriendo peligro también de sufrir hipotermias. Las jornadas laborales llegan a 15 hs diarias, sin respetar el mínimo descanso por trabajo insalubre.

 

La diversidad de sindicatos, sumado a la constante desafiliación, fuerza a los trabajadores a negociar directamente (individualmente) con cada patrón.

 

Una reforma “a la brasileña”

 

Las patronales buscan eliminar la cuota sindical poniéndole fecha de vencimiento a los (ya devaluados) convenios colectivos, empujando a los trabajadores a negociar los acuerdos por empresa (si hay una comisión interna), lo mismo corre para las indemnizaciones por despido.

 

La reforma laboral también busca “legalizar” el régimen de tercerizaciones ya presente en los puertos. La reforma laboral empezó hace rato con la homologación de los contratos Pyme por parte del gobierno kirchnerista durante el 2007. Sin la necesidad de derogar formalmente el convenio colectivo 161/75 (que rige el trabajo de procesamiento del pescado en tierra) permite articular convenios con éste y se cambió la garantía horaria por un garantizado semanal. Con lo anterior, miles de trabajadores pesqueros son contratados en forma tercerizada (suscriptos al régimen autónomo) pudiendo haber dos o más “pymes” por empresa, lo cual exime a las patronales del pago de los aportes de jubilación y salud, de los días de enfermedad, del pago de los accidentes de trabajo y enfermedades producto de las condiciones y altos ritmos de trabajo. Los contratos “por marea” buscan evitar la acumulación de antigüedad.

 

Una salida

 

Para frenar la profundización de la reforma laboral, terminar con la masacre de los trabajadores pesqueros y poner en plena vigencia el convenio 161/75 es necesaria una acción decidida del conjunto de los trabajadores pesqueros. Para ello hay que romper el corsé de las burocracias sindicales portuarias, mediante asambleas de base.

 

El control obrero de las embarcaciones, que podría incluir a los familiares de víctimas de los hundimientos, es la única garantía para evitar que sigan saliendo chatarras al mar. El ‘control’ de la Prefectura es funcional a las patronales.

 

Apoyamos la exigencia de los familiares del Repunte para que una comisión de trabajadores y expertos independientes del estado investiguen los hundimientos.

 

Nota escrita con aportes de JR (trabajador pesquero Comodoro Rivadavia) y GS (comisión de familiares del Repunte)