La dirección de Ctera se apresta a levantar la carpa. Ha bastado para ello una supuesta garantía de que los 660 millones de pesos aparezcan incluidos en el presupuesto. Maffei y la CTA parecen haber olvidado que el presupuesto mismo no es garantía de nada pues la ejecución del gasto depende de la obtención de los ingresos esperados, los cuales dependen de que se obtenga el crédito internacional que pague el déficit de 6.000 a 8.000 millones de dólares previstos para el 2.000.

Aclaremos que nos estamos refiriendo a un ‘incentivo’ de 60 pesos mensuales, suma irrisoria, el cual está condicionado a una serie de medidas laborales que Ctera ya está negociando con el ministro Llach.

En otros términos, no estamos en presencia de un aumento. Para recibirlo, las provincias deberán proceder a una reorganización administrativa (léase despidos), a la implementación de la reforma educativa y, por sobre todas las cosas, la reforma laboral. La nueva normativa mantiene integralmente la cláusula (artículo 14) por la cual se habilita a la revisión del régimen laboral docente en el marco del Consejo Federal de Educación. La participación de Ctera y de los gremios docentes en el marco de una institución del Estado es todo lo contrario a una ‘paritaria’ –como pretenden presentarla los dirigentes de Ctera.

El proyecto de la ley de empleo público de la Ciudad de Buenos Aires, o la ley marco recientemente aprobada del empleo público nacional, o la nueva normativa en Córdoba (que además tuvo el apoyo de la burocracia de la Uepc) marcan claramente la línea de la contrarreforma antilaboral.

Sólo la reducción de las licencias por maternidad a la mitad —previstas en los proyectos en danza— absorben con creces los 60 pesos que un docente cobraría durante un año. Agreguemos la reducción de licencias por estudio, por fallecimiento de familiares, por matrimonio, por nacimiento o especiales. No hablemos de las cesantías: el salario que deja de cobrar cada compañero que queda en la calle representa cinco, seis o más incentivos. En definitiva, los 60 pesos saldrán del propio bolsillo de los docentes, a través de despidos y superexplotación. Tampoco hay que olvidarse que los 660 millones tienen la contrapartida del impuestazo y del nuevo recorte de partidas a las provincias aprobado en la reciente reforma tributaria. Ctera ha mantenido sobre esto un completo silencio. Los campeones del impuesto a las grandes fortunas aprobaron meterle la mano al bolsillo de los laburantes.

Los 60 pesos tienen como precio la desaparición del principio fundamental de la estabilidad, una condición imprescindible para avanzar en la privatización de la educación. La pretensión es crear docentes precarios y flexibilizados. El nuevo régimen laboral se caracteriza por los regímenes por contratos condicionados a un sistema de evaluaciones, es decir, por la libertad para despedir.

El levantamiento de la carpa constituye una rendición frente al Banco Mundial y al FMI.

El Congreso extraordinario previsto para la semana que viene avalará esta entregada, mostrando el vaciamiento sindical y la burocratización de Ctera.

Llamamos a los sindicatos, a los delegados y activistas, y a las distintas tendencias del gremio a impedir el levantamiento de la Carpa mediante la movilización. En lugar de incentivar la superexplotación, necesitamos un plan de lucha por un básico de 700 pesos, la defensa del estatuto y la anulación y retiro de proyectos y leyes de empleo público. Un llamado especial está dirigido a la propia militancia celeste: ¿1.000 días de ayuno y movilización para terminar aceptando semejante entrega? ¿60 pesos a cambio de la flexibilidad laboral?

Llamamos a impulsar en común la convocatoria de un verdadero Congreso, de un Congreso de bases, mediante delegados elegidos y mandatados por asambleas, donde la docencia deje de ser convidada de piedra y se convierta en protagonista, es decir, pueda deliberar y decidir.