En la mañana del 26 de febrero, el frigorífico “14 de julio” que procesa pescado y está ubicado en el puerto amaneció rodeado de la Prefectura y la Policía Federal. El operativo policial se realizó para garantizar que la planta pueda cargar el pescado para exportarlo a Brasil, en el marco de un contundente paro que vienen realizando sus trabajadores desde hace varios días. Sin orden de un fiscal ni juez la militarización de la planta se realizó bajo el amparo del DNU 70/2023 y la activación del famoso protocolo antipiquetes, todo esto en territorio bonaerense. En lo que va del año es la segunda vez que se aplica este protocolo en la ciudad frente a un conflicto obrero, como cuando los trabajadores de la planta La Bella realizaban un bloqueo del portón.

El reclamo de los trabajadores consiste en exigirle a las patronales que paguen el 14,4% de aumento (sobre el kilo de merluza para los fileteadores y sobre la hora para peones, envasadores, etc.) ya acordado entre el Soip (sindicato) y la CaIPA (cámara patronal). Acuerdo que ya varios sectores patronales del pescado señalaron públicamente que no iban a aceptar. En el caso de la planta “14 de julio” se pretende imponer un acuerdo específico (convenio PyME) por fuera de lo acordado por el gremio.

El sector de la industria del pescado está siendo azotado por la crisis nacional; es por ese motivo que en tres meses ya fueron despedidos más de 500 trabajadores y cerraron al menos dos plantas (frigorifico Giorno y  Sur Trade), además de todos los que trabajan en negro en las “cuevas” y la “coopetruchas”, casi todas unidades de producción satélites de las grandes patronales del pescado.

Las patronales del pescado vienen poniendo el grito en el cielo pidiendo que se les eliminen o reduzcan más los pocos impuestos que pagan, llorando la carta de que les aumentaron el canon de licencia por pescar de un 0,15% a un 2 o 3% (dependiendo la especie) y presionando por una devaluación. Mientras tanto, descargan la crisis sobre las espaldas de los laburantes del pescado con despidos, salarios de miseria, trabajo en negro y a destajo.

El Soip, la CGT y las CTAs deberían convocar a un plan de lucha y una huelga general para defender a los trabajadores y hacer retroceder a las patronales con su protocolo anti-huelga. El hecho de que el conflicto sea en territorio bonaerense no es garantía de que se aplique este protocolo. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo de la provincia hace décadas que permite que las patronales hagan lo que se les plazca. Una movilización en toda la ciudad es fundamental para colocar una agenda en defensa de los puestos de trabajo, los salarios y el derecho a la huelga en el pescado.

Trabajadores de la gráfica Morvillo permanecen en la planta ante anuncio de cierre

Rechazan las salidas antiobreras de la patronal y convocan a rodear de solidaridad el conflicto. -

www.prensaobrera.com