De esta forma el colegio San Vicente de Paul (Fasta), de la ciudad de Mar del Plata, comunicó a los docentes, a través de un e-mail sin lugar a opinión alguna, de la rebaja salarial próxima a percibir correspondiente al mes de marzo. Dicha institución percibe una subvención estatal del 80% para los niveles obligatorios de educación, inicial, primaria y secundaria y suma más de 300 trabajadores entre docentes, auxiliares y administrativos; a pesar de eso no asume su responsabilidad de pagar el 100% del salario en tiempo y forma relegando el mismo en cómodas cuotas hasta la “normalización” del contexto nacional en función de la pandemia. Esta situación genera a los trabajadores un estado de angustia e impotencia ya que se ven acorralados en tener que acatar dicha condición para no recibir represalias por parte de la institución.

Pedir “sobriedad” en el uso de los derechos, o el reclamo de “solidaridad” como lo hizo la institución educativa Fasta a la masa de trabajadores para ser perjudicados en sus ingresos, es una consigna que no solo se la apropia la iglesia sino que viene siendo utilizada por el gobierno desde antes de asumir el poder, ya cuando corrían los meses de agosto y septiembre donde la economía caía en picada y el poder adquisitivo se iba por el piso desde el Frente de Todos se impulsada el mensaje de “no salgan a las calles” en un marco donde se producía el “chubutazo”, impulsada con la huelga docente como consecuencia de las políticas de ajustes macristas y profundizadas por el gobernador Arcioni que contaban con la complicidad de la burocracia sindical. 

El Estado es responsable y cómplice ya que no genera las condiciones necesarias para evitar las rebajas salariales que están sufriendo la masa de trabajadores en su conjunto a nivel Nacional. Los alquileres, el mercado, los laboratorios e incluso las instituciones educativas privadas entre otros no escatiman al momento de realizar las cobranzas correspondientes a los consumidores, quienes no tienen la posibilidad de abonar dichos servicios en cuotas al igual que si lo hacen con el pago de sus sueldos.

Por su parte Sadop Mar del Pata a través de su secretaria general, Adriana Donzelli, se comprometió a denunciar ante el Ministerio de Trabajo previa comunicación con la institución quienes no tienen argumento alguno para realizar semejante recorte a los trabajadores, más aun teniendo en cuenta que siguen cobrando la subvención estatal, y hacia los padres del alumnado no se tiene ninguna tolerancia al momento de cobrarles la cuota. 

Por eso decimos: no a la rebaja salarial, no a los despidos y separación de la Iglesia del Estado.