Según las estadísticas difundidas por el Indec, cuatro de cada diez trabajadores del sector privado no se encuentra registrado por las patronales, lo que viene a desmentir que la “recomposición” económica pospandemia haya significado una mejoría para el pueblo trabajador.

Se trata de alrededor de 5 millones de trabajadores, el 41,4% sobre un total de 12.030.000, que carecen de aportes a la seguridad social y previsional, ART y derechos laborales normados por la Ley de Contrato de Trabajo. Además de contar con salarios inferiores al de los trabajadores registrados, desconociéndose el pago de adicionales, horas extra y, en muchos casos, incluso las escalas convencionales.

Entre los sectores más afectados por esta realidad, donde el trabajo informal supera al registrado, se encuentran la construcción (55,9%), el agro (66,2%), trabajadoras de casas particulares (66,5%) y hoteles y restaurantes (50,4%).

Estos datos indican que en los últimos cinco años se perdieron 146.000 empleos privados registrados, se “crearon” 222.000 empleos no registrados y se registraron 324.000 no asalariados (monotributistas, autónomos, etc.) más.

A esto cabe agregarle que la participación de los salarios en la economía cayó 4,86 puntos durante el último año, quedando en un 43,1%, contra una suba de las patronales, para el mismo periodo, de 3,84 puntos porcentuales, ubicándose en un 47%. Durante los últimos cinco años la participación de los salarios pasó del 51,8 al 43,1%: todo un resultado del ajuste macrialbertista.

Cuando el gobierno exhibe una “mejoría” de los salarios privados sobre la inflación, en función de los datos sustraídos del Sipa, lo hace apelando a una operación de confusión debido a que cada vez es mayor la porción de trabajadores por fuera de ese segmento de medición, no solo los no registrados y los mal encuadrados en el monotributo, sino, incluso, quienes trabajan “jornada reducida” o no llegan a completar 13 meses continuos de registración.

La conclusión de las estadísticas del Indec es que de conjunto asistimos a una transformación del mercado de trabajo, con un crecimiento de la mano de obra no registrada y precarizada, y con una caída general de los salarios.

También se suma el deterioro de los organismos financiados con los aportes patronales, como la Anses y el Pami, cuya caja se ve achicada producto de la evasión de las patronales, lo cual redunda en un déficit en las prestaciones.

La clase capitalista aplica una reforma laboral de hecho, imponiendo un régimen laboral donde no existen los aportes sociales, previsionales, ni las cargas patronales. Mientras que por “derecha” reclaman una reforma laboral formal, lo que a su vez agravaría aún más la situación de los sectores más vulnerables. El gobierno y el Ministerio de Trabajo, como la Afip, son cómplices directos y responsables de esta realidad.

Hay que terminar con el régimen de precarización laboral que comparten el kirchnerismo y el macrismo, por medio de la formalización todo el trabajo asalariado y la defensa y reconocimiento de los convenios colectivos de trabajo, para lo que es necesaria la intervención directa de los trabajadores, con la elección de delegados en los lugares de trabajo y la conformación de comisiones internas que impulsen y controlen este proceso.

Terminar con el fraude laboral y el trabajo no registrado es un punto de partida para obtener una recomposición general de los salarios, que saque la media de los ingresos obreros de la línea de pobreza, para que cubran la canasta familiar.