Los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en emergencia: sólo se garantiza la atención de emergencias, se suspenden todas las prácticas programadas, se autoriza la disponibilidad del personal (traslados y despidos), se atrasan y fraccionan los salarios, está en discusión la moneda a cobrar (pesos o Lecop) y se señala que hay stock de insumos sólo para los próximos 10 ó 15 días. No están garantizadas la comida y la limpieza hospitalaria porque el gobierno adeuda los pagos a las prestatarias (tercerizadas) desde septiembre…

Ante el reclamo expresado en las asambleas hospitalarias y la intervención de Alternativa y Tribuna de Salud, el Sindicato y la Asociación de profesionales municipales votaron un plan de lucha que se inicia el jueves 7 con asambleas públicas y cese de actividades en los 33 hospitales metropolitanos, de las que participarán además de los profesionales y trabajadores de la salud, los vecinos organizados en las asambleas barriales. No se sabe cómo continúa.

Para el viernes 8 está planificada la movilización a la Secretaría de Salud de la flamante Coordinadora de Residentes y Concurrentes Municipales (que luchan por su sindicalización y por la defensa de sus condiciones laborales) y para el miércoles 13 de febrero la movilización a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de la Coordinadora de Trabajadores de la Ciudad.

Se hace necesario unir las luchas y reclamos, esto es un programa común y una organización política propia, del conjunto de los vecinos y trabajadores organizados de la Ciudad, que pase por encima de la parálisis de las direcciones sindicales (Médicos Municipales, Sutegba, CTA) y de un gobierno (Ibarra) que ha demostrado su total incapacidad para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia para amplios sectores de la población.

Planteamos: derogación de la Ley de Emergencia Económica que brinda superpoderes a Ibarra y de la Ley de Empleo Público; salud y hospitales bajo la dirección y control de los trabajadores y profesionales del campo de la salud; nacionalización sin pago de indemnización de la industria farmacéutica, desconocimiento de las patentes farmacológicas; presupuesto de salud que garantice la cobertura sanitaria total y gratuita de la población; pago en pesos de los salarios, con cláusula de ajuste automático por inflación.

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