En noviembre la intendenta del PRO, Adela Arning, dispuso con el Decreto 098/2024 una reducción de dos horas en la jornada laboral -y la consiguiente disminución en los sueldos- para todos los trabajadores municipales desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre y además un congelamiento salarial hasta abril de 2025.

Para compensar en parte el impacto del recorte, estableció el pago de un adicional no remunerativo para quienes tuvieran una reducción de más de un 12% de su salario de bolsillo, limitando la aplicación de esta medida sólo a los trabajadores activos y excluyendo a los jubilados, los más perjudicados ya que han visto reducidos sus haberes en proporción a los de los activos, pero sin compensación en el caso de que los afecte por encima del 12%. Además, quedaron incluidos en el congelamiento de haberes hasta abril.

Los antecedentes de una política insoportable para los trabajadores y la población

Como ya señaláramos en un artículo anterior, la intendenta Adela Arning hizo aprobar con el voto de los concejales oficialistas la emergencia económica en el municipio y lanzó luego una cadena de impuestazos contra los vecinos, y una ofensiva contra los trabajadores municipales durante el segundo semestre del año. 

A fines de setiembre planteó que los empleados debían optar entre aceptar 67 despidos o la reducción de dos horas por turno y el congelamiento de los salarios hasta marzo de 2025. Los trabajadores –que venían sin actualización salarial desde mayo y con un retraso en dos ajustes previos- rechazaron la extorsión y los dos gremios que los representan -el SETEMM y ATE- realizaron medidas de fuerza.

En octubre la intendencia incumplió la fecha máxima establecida para el pago de los sueldos, lo que llevó a nuevos paros, movilizaciones y cortes de ruta frente a la sede municipal. La respuesta del Ejecutivo fue un decreto declarando ilegítimo el paro y ordenando el descuento de los días de paro y del adicional por asistencia a pesar de su entera responsabilidad en el atraso del pago de sueldos, que además se abonaron desdoblados configurando un claro incumplimiento de la parte empleadora.

Finalmente, el 29 de octubre la intendenta logró la firma del SETEMM en un acta que desató un fuerte repudio y una crisis que derivó en desafiliaciones y migraciones a la otra representación gremial. El acta a pesar de tener una representación minoritaria- al ser firmada y con cuestionamientos por un solo gremio-, fue rápidamente oficializada por el Ejecutivo mediante el Decreto 098/ 2024 ya que contemplaba todas sus pretensiones y ningún compromiso sobre los reclamos pendientes de los trabajadores.

La miseria y las privaciones no se pueden esconder bajo la alfombra

En diciembre, al cobrarse el primer mes con descuento por reducción horaria (noviembre), la magnitud del ajuste en curso cobró su verdadera dimensión, ya que los trabajadores pudieron ver la miseria de los sueldos cobrados con el recorte y la imposibilidad de hacer frente con ellos a los nuevos aumentos de impuestos, servicios y alimentos.

Bono de fin de año: una oportunidad para reclamar todos juntos y al mismo tiempo

El pedido de un bono de fin de año presentado a la intendencia por los delegados de ATE permitiría, de ser concretado, reducir en parte la brecha entre lo que necesitan los bolsillos de las familias trabajadoras y los sueldos recortados y así lograr unas fiestas de fin de año un poco más llevaderas.

Además, y esto también es fundamental, permitiría terminar el año en mejores condiciones poniéndole un límite al ajuste y arrancar así el 2025 con más fuerza para encarar la lucha por la recuperación de los salarios y las condiciones laborales.

Un desafío, que seguramente también tendrán por delante los trabajadores en 2025, será el de unificar acciones con los vecinos para impulsar el reclamo de una audiencia pública en la que se den a conocer los números del municipio. Esto es clave, ya que son números que nadie conoce, y en nombre de los cuales, mientras la intendenta mantiene una numerosa planta política, habla de crisis, y le hace pagar los costos de su gestión a los trabajadores y vecinos con recortes e impuestazos.

Hoy, el pedido del bono plantea para los trabajadores la tarea de unificarse en la acción, con independencia de si están afiliados a un sindicato u otro o a ninguno, y marchar hacia asambleas en común para decidir entre todos/as, las medidas necesarias para conseguir el cobro del bono.

Es decir, golpear todos juntos y al mismo tiempo, superando los intentos divisionistas de la intendencia y hacer valer la fuerza de los trabajadores defendiendo colectivamente y en unidad sus derechos y conquistas.