La violencia, persecución y hostigamiento laboral es una constante en el Poder Judicial de Mendoza hacia sus empleadas/os, situación que se profundizó en contexto de pandemia a la par de la entrega y disolución de la comisión directiva del sindicato judicial.

La Suprema Corte de Mendoza busca iniciar un sumario contra la referente política de FIT y activista sindical opositora Soledad Sosa luego de que ella denunciara en diciembre pasado a la Corte por persecución ideológica y solicitara el cese del hostigamiento laboral de su jefe y de la sección de recursos humanos.

Hasta la fecha, esta denuncia sigue sin ser contestada por la Corte, quienes en una respuesta amañada encubren a los jefes denunciados y de manera totalmente parcial y en modo de amonestación denuncian contra Soledad Sosa falsedades, como por ejemplo no haber solicitado horario de lactancia o irregularidades en su declaración jurada para dispensa de presencialidad por cuidado de su hija recién nacida.

La actividad sindical de Soledad Sosa es de público conocimiento por los judiciales. Ha impulsado e impulsa de manera colectiva decenas de reclamos por recomposición salarial, por respeto a la jornada laboral, por el estado edilicio del edificio San Martín 322, Palacio de Justicia, por la falta de insumos para el personal de ordenanza y mayordomía, bajo pandemia por el régimen de 14×14, por derechos laborales de protección a la maternidad: ítem por guardería, lactarios, etc.

También es de público conocimiento su actividad política. Ha sido candidata y fue diputada nacional durante 2016-17 y una vez finalizado el mandato volvió a su lugar de trabajo. Aquí se puede citar el inicio de una persecución de tipo ideológica y afectación a la estabilidad laboral, toda vez que se le negó el regreso a su domicilio laboral que eran los tribunales tributarios asociados, porque la Corte dio visto bueno al pedido arbitrario de los jueces de desafectarla del lugar. Llamativamente allí fue donde realizó procesos de lucha contra la precariedad y flexibilización laboral (entre los jueces se encontraba el hijo del expresidente de la Corte, Jorge Nanclares).

Desde la vuelta de su desempeño como diputada nacional del FIT, comienza una seguidilla de traslados decididos de manera arbitraria por la Corte, a través de recursos humanos: tres en menos de un año, quedando hasta la fecha en la Gestión Judicial de Paz, lugar sostenido a fuerza de peleas por su permanencia en el lugar.

Este accionar es una constante con todos los empleados judiciales de la provincia desde hace años, incluso luego de hacer uso de licencias por cargos de mayor jerarquía, o sin goce de sueldos, o por enfermedades graves o incluso por maternidad afectando la protección legal.

Es por esto que junto con el pedido de licencia por maternidad, en contexto de pandemia, Soledad Sosa tuvo que advertirles que no incurrieran en un nuevo traslado porque violarían la legislación laboral protectora de la maternidad.

Sin embargo, los ataques continuaron y una vez finalizada la licencia por maternidad y realizando trabajo remoto en contexto de pandemia se intentó, por fuera de toda reglamentación, imponer bajo la forma de “propuesta” que vuelva a la presencialidad un mes antes de que la Corte lo estableciera para todo el conjunto de judiciales, por haber finalizado el calendario escolar, imponiendo de ésta forma un régimen especial de trabajo.

Desde la Corte se intenta disciplinar y regimentar a los trabajadores que reclaman por sus condiciones de trabajo, y más en un marco donde la paritaria 2020 fue cerrada en cero y con un magro aumento para 2021, y que ni siquiera contempla un ítem guardería para el cuidado de les niñes.

Por esto, reclamamos el fin del hostigamiento y persecución contra Soledad Sosa. Que se archive el pedido de sumario y que se dé curso a las denuncias y reclamos presentados por ella. Nos lanzamos a una campaña pública de pronunciamientos contra este accionar y en defensa de los derechos democráticos y de la libertad sindical.

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