La Dirección General de Escuelas a publicado la resolución 609 que exige a los docentes suplente la presentación del certificado de la buena conducta expedido por la policía de la provincia. Se trata de una nueva medida de hostigamiento contra los trabajadores de la educación. La excusa de la DGE y el gobierno es que se trata de una medida de seguridad, pero esta medida solo aplica para los suplentes, es decir que restringe burocráticamente y económicamente la mantención de horas cátedras. Por otro lado, viola el estatuto del docente ya que contempla los exámenes psicofísicos que habilitan a los trabajadores de la educación para la tarea pedagógica. Es este examen en el que establece la pertinencia de los trabajadores frente al aula tengan o no antecedentes.

La exigencia del certificado de antecedentes busca desviar la atención y la responsabilidad del gobierno en el colapso de la educación y la creciente violencia en las aulas, como reflejo de una realidad cada vez más hostil como consecuencia del deterioro de las condiciones generales de vida del pueblo trabajador. Es justamente el emergente de las políticas de ajuste y salarios de miseria del gobierno de Rodolfo Suárez.

Otro aspecto, que no está claramente determinado, es que un docente suplente podría tener que presentar cada tres meses el certificado, tiempo que dura su validez. De esta forma, el aumento a la baja que firmo la conducción burocrática de SUTE con el gobierno provincial sencillamente quedaría en evidencia como lo que es: una miseria que se va a ir en pagar los certificados que el propio gobierno exige.

Con gran cantidad de edificios en condiciones precarias, aulas sobrepobladas por la fusión de cursos y el ajuste serial, con el empobrecimiento general de la población trabajadora, la mantención de los niños en las aulas es una tarea titánica que los docentes abordan casi heroicamente. El gobernador Rodolfo Suarez, por el contrario, continua la línea de ataque permanente a los educadores. Esta fue inaugurada por su antecesor Alfredo Cornejo con el nefasto “ítem aula”, el cierre de institutos y la confiscación del salario. Suarez pretende un salto de calidad con la reforma privatista de la educación que la misma comunicad educativa ya rechazado con los trabajadores de la educación a la cabeza.

Esta es la base real por la cual se pretenden depositar el manto de duda sobre los trabajadores de la educación al pedirle un “certificado de antecedente”. Quienes deberían presentar certificados de antecedentes son los funcionarios de la DGE y el gobierno provincial. Pues son comunes las quiebras fraudulentas, violencia familiar y de género, desfalcos, sobre facturaciones y sobre todo la defensa de una política rabiosamente anti popular que tiene como víctima directa la salud y educación pública.

Sobre estas consideraciones es que Tribuna Docente está en campaña para que se anule la resolución 609 y se establezca el salario mínimo igual a la canasta familiar.

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