Desde diciembre del 2020 la comunidad educativa del IES 900-2 Tomás Godoy Cruz, conocido popularmente como “el Normal”, se ha visto convulsionada por la denuncia de violencia de género que realizó una estudiante a un profesor del instituto.

Esto ha derivado en que consejo directivo del instituto, con colaboración de coordinadora de Educación Superior de la DGE, decida participar como juez y parte del proceso, haciendo uso de las atribuciones que le da el resolución 530. Primero decidió despedir al profesor, sin ningún tipo de proceso disciplinario, lo cual es polémico porque muestra el grado de desprotección que tienen los docentes que revistan como suplentes. Sin embargo lo que sorprendió fue la segunda resolución, ya que acompañado a este despido se resuelve la intervención de las mesas de exámenes a un grupo de docentes incluyendo a la delegada gremial y a Natalia Ziperovich, quien es parte comisión directiva del Sute (sindicato de trabajadores de la educación) , alegando “lazo de amistad con el docente sumariado”.

Este hecho insólito se da a pesar de que el grupo de docentes señalados acompañó públicamente la denuncia de la estudiante, entonces, ¿por qué intervenirles las mesas? Lo que los trabajadores entienden es que tanto el rector Cristian Barzola como su equipo directivo, los cuales están alineados con el Frente de Todos, están haciendo uso de un tema tan delicado como es la violencia de género en el marco de las instituciones educativas, para amedrentar a quienes no comulgan políticamente ellos.

Esto puede verse más claro cuando la selección de intervenciones no fue cuestión de azar sino que coincide con los docentes que apoyaron la toma del instituto en año 2018 en el marco de la lucha nacional de estudiantes terciarios en contra de las reformas ajustadora que impulsaba el gobierno de Macri y Cornejo.

El hecho tiene un gravedad institucional y política enorme, porque no solo mancha a la una institución formadora de educadores, que ante casos de este tipo no cuenta ni con formación ni protocolo alguno, a pesar de que el estudiantado de este IES está formado abrumadoramente de mujeres, sino que tambien muestra cómo el decreto 530, tal como se denunciaba en la toma del 2018, sirve para concentrar atribuciones en el funcionariado y autoridades para regir en los institutos por encima de los derechos de otros claustros. Tanto los partidarios del gobierno nacional como desde la casa de gobierno de Mendoza, en este tema, dejan la grieta de lado.

Tienen que dar marcha atrás

Los decentes afectados, en conjunto con el Sute, han hecho una presentación formal al consejo directivo donde “se intima al equipo directivo a responder dentro de los plazos legales pertinentes, a que ratifique o rectifique públicamente lo expresado en dicha resolución”.

De quedar firme esta resolución, se va a sentar una jurisprudencia negativa que es una herramienta contra la acción independiente de los trabajadores que resisten los planes de privatización y ajuste que viven los institutos de educación superior y en donde se está avanzando rápidamente en el desmantelamiento cursos y divisiones, sino también en forma general todo el sistema educativo provincial.

Esto también ha dejado expuesta la vulnerabilidad del sector, ya que al no existir juntas de disciplina con representación sindical a las cuales recurrir, quedan a merced de las resoluciones de las autoridades y de la DGE. El reclamo de la creación de las mismas tiene que tener un lugar importante en las exigencias del Sute al gobierno, ya que si pensamos que nivel inicial y secundario si cuentan con ellas, no solo estamos hablando de una pérdida de derechos formales sino también está frente a un hecho de discriminación.

El hecho de que haya sido una denuncia de violencia hacia las mujeres el método para realizar esta maniobra persecutoria muestra el cinismo con el que actual las autoridades ligadas a los partidos gobernantes. Porque a pesar de contar con un discurso progresista, dejan de lado que sus gobierno hacen poco o nada para esclarecer los reclamos del movimiento de mujeres, o como en este caso no dudan en su utilización política para valerse de los instrumentos represivos que heredaron de la gestión de Cornejo, para perseguir a quienes no se bajan de la defensa de la educación pública.

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