En los últimos días se confirmó un contagio de Covid-19 entre trabajadores judiciales de Mendoza, en el edificio de la calle San Martín 322. Las autoridades tenían conocimiento pero intentaron que no se conozca la situación, poniendo en riesgo al resto de los compañeros que comparten oficinas y trato cotidiano.

Ocultar información es una constante en distintas dependencias. En esta oportunidad, los trabajadores lograron sacar a la luz el contagio mediante una denuncia, autoconvocatoria y la elaboración de un pliego de reclamos urgentes para paliar la situación.

La Corte rechazó el aislamiento obligatorio de 14 días de todo el personal que tuvo contacto estrecho con los contagiados, estableciendo solo cinco días de inhabilidad, con fin de semana de por medio. Como si fuera poco, se niega a pagar el costo del hisopado de todos los trabajadores que estuvieron expuestos, financiándolo solo para tres personas. ¡Los ministros de la Corte, que cobran alrededor de medio millón de pesos por mes, dicen no tener los recursos!

También siguen rechazando aplicar los turnos rotativos de 14 por 14 días, tal como reclamaron por escrito tiempo atrás los propios empleados basados en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En la Tercera Cámara Laboral, solo los jueces hacen turnos rotativos, obligando al personal a asistir diariamente.

El accionar de las autoridades judiciales no responde sencillamente a negligencia. Es la consecuencia de ponderar los intereses de importantes lobbys, como los embargos judiciales que reclaman las financieras, por encima de la vida y la integridad de los trabajadores judiciales. Salta a la vista que el comité de crisis que constituyó la Corte es una cortina de humo, ya que ningún participante dijo absolutamente nada sobre esta realidad.

La Corte se ufana de haber destinado $10 millones para acondicionar el Poder Judicial a la nueva normalidad, pero llegaron a la pandemia sin expediente digital, luego de más de 10 años de “modernización de la justicia” que implicó préstamos y licitaciones millonarias. ¿Dónde fue a parar esa enorme masa de dinero? ¿A la creación de cargos para personas cercanas a los ministros? A los salarios judiciales seguro que no. A la mejora edilicia tampoco, porque el hacinamiento no se modificó, los ascensores no funcionan y el edificio mantiene un alto riesgo de incendio.

Las autoridades, en vez de atender la evidente emergencia, se largan a perseguir y amedrentar a los trabajadores que pusieron blanco sobre negro la situación y reclamaron medidas urgentes.

El panorama general de la provincia es crítico por el colapso de los hospitales; la vida de los trabajadores judiciales debe ser priorizada. Es urgente que se suspenda toda actividad de tipo presencial en todos los edificios judiciales, con excepción de guardias en familia y penal; que se realice el hisopado para todos los trabajadores que hayan tenido trabajo presencial; que se respete el aislamiento obligatorio de 14 días por contacto; que se establezcan guardias rotativas de 14 por 14 días y se garanticen elementos de higiene y seguridad, así como un aumento salarial de emergencia y pago de plus por teletrabajo.

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