Los trabajadores y trabajadoras de la construcción somos una pieza fundamental en el desarrollo de la industria y la economía. Los ladrillos, el cemento y los fierros, no son más que eso a menos que nosotros los convirtamos en calles, casas y barrios. En Mendoza, esto es bastardeado y atacado por los empresarios y el gobierno de Suárez, que permite los despidos (este año Cartellone quería desvincular a más de 40 familias sin doble indemnización), el trabajo en negro y precario y sueldos muy por debajo de la canasta familiar. De hecho, según la Uocra, hay más de 7000 desocupados en el sector actualmente en la provincia.

Quienes se sucedieron en el gobierno provincial durante las últimas décadas son responsables del desempleo y la falta de vivienda, entregando toda la licitación de la obra pública a un grupo de empresarios amigos para ser puesta a favor de los sectores más pudientes de varios departamentos y así favorecer la especulación inmobiliaria. Esto se constata en que los “planes de vivienda” y los créditos a estos fines son inaccesibles para las familias trabajadoras, en un cuadro en que los salarios son en su gran mayoría de hambre.

Suárez acaba de anunciar en ese sentido un “plan de viviendas” que está netamente ligado al desarrollo de barrios privados y los sectores más pudientes. Para acceder se piden ingresos superiores a $125.000 y las cuotas son de más de $34.000. Se trata de una tomada de pelo a los trabajadores y los sectores populares en medio de una crisis habitacional insostenible.

Evidentemente, triunfan los “desarrolladores inmobiliarios”, ya que es continuada la política de garantizar las ganancias al IPV, por ejemplo, con los planes donde toda la inversión inicial y el posterior préstamo de quienes acceden van destinados a pagarles. Ninguno de los que nos gobernaron planteó y menos aún puso en la agenda cómo se soluciona el problema del desempleo y de la falta de vivienda; y lo único que queda claro es que van a seguir favoreciendo a los grandes empresarios, como pasó con Pescarmona, a la que le pusieron 21 millones de dólares para rescatar a la patronal.

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Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad creemos que se deben poner en discusión estos reclamos para ejecutar un verdadero plan de obras públicas, ajeno a los negociados para las constructoras y la especulación inmobiliaria. Un plan de obras públicas que parta de la garantía de urbanización de los barrios para todas las familias que hoy padecen el déficit habitacional, de las necesidades reales de los vecinos, y del reclamo de trabajo genuino frente a la desocupación creciente en el sector de la construcción.

Esto demanda entonces ir a una transformación de fondo sobre el problema del trabajo y la obra pública, el cual no puede ser impulsado sin la participación activa de vecinos y trabajadores. Llamamos entonces a las y los trabajadores del rubro de la construcción a sumarse a impulsar un movimiento de lucha para poner en pie nuestros reclamos.

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