El procurador mendocino Alejandro Gulle, responsable del Ministerio Público Fiscal en la provincia cuyana, presentó una propuesta de presupuesto para el sector y planteó para 2021 asociar la Justicia estatal con organizaciones de privados y el Colegio de Abogados, para reducir gastos y tiempos, ya que las causas se acumulan y los fiscales no alcanzan. Es una idea muy similar a la que analiza la comisión de notables del presidente (de la cual forma parte el cortesano mendocino Omar Palermo) para el Ministerio Público de la Defensa.

La diferencia es que esta reforma judicial se argumenta en función de un problema presupuestario -producto del ajuste fondomonetarista en marcha- claro que sin tocar los privilegios de la cúspide piramidal del Poder Judicial.

En su propuesta de asociar el Ministerio Público Fiscal a privados y al Colegio de Abogados derivándoles los casos de menor relevancia, el procurador explicó: “Hay que poner una solución rápida, porque el fiscal es el que tiene que reunir toda la prueba y llevarlo ante al juez. Hoy hay fiscales que tienen hasta nueve audiencias diarias, es imposible que investigue nuevas causas” (El Sol, 26/10)

Lo que el procurador presenta como una idea fundada en la practicidad implica la privatización de la acusación pública de las causas menores, algo que puede derivar en un copamiento de la Justicia por lobbies capitalistas a través de sus estudios jurídicos.

Además, la declaración de Gulle arroja un balance respecto de las reformas del exgobernador Alfredo Cornejo del 2016, las cuales dispusieron la presencialidad de los fiscales en las audiencias y la delegación de mayores tareas en los ayudantes fiscales. La contracara de ello fue el congelamiento de la planta judicial. A tan sólo 4 años, estas reformas -que supuestamente venían a favorecer celeridad, calidad y acceso a la Justicia para la comunidad- terminan en la entrega de casos al sector privado, atacando nuevamente el derecho constitucional de acceder a la Justicia.

¿Hacia un sistema mixto?

En los países con sistema mixto el Estado ofrece a los ciudadanos el acceso a la Justicia a través de su propia organización o partir de erogaciones presupuestarias destinadas a ONGs, cuyos estudios jurídicos llevan adelante la asistencia pro bono (sin la expectativa de recibir pago). Los abogados son empleados de esos grandes estudios, cobran algunas causas y otras no, por lo que en muchos casos sirven al Estado gratuitamente. Estos sistemas, como el mexicano, derivan en prebendas y subsidios estatales a las corporaciones jurídicas.

Por eso, si avanza esta reforma privatista se reforzará también la precarización para los abogados, que van a recibir causas que o se resuelven bajo régimen pro bono o terminarán descargando los gastos en el ciudadano. Si bien el procurador no dejó claro en su propuesta cuál es el criterio para la derivación de las “causas menores” al sector privado ni cómo pagará el Estado por su accionar, queremos advertir sobre la tendencia en marcha.

La crisis capitalista permite ver el resquebrajamiento y la disolución del Poder Judicial. Los mínimos equilibrios que podía ejercer la institución entre los distintos intereses patronales a los que responde, y que se encuentran en pugna, ahora serán disueltos en esta tendencia a operar como sistema mixtos donde se privatiza la vindicta pública pasando a ser potestad de un sector de la clase capitalista.

No existe oportunidad de reformar la institución judicial apelando al academicismo de los cortesanos, en nombre de una supuesta independencia del Poder Judicial. Para los judiciales del MPF y todos los judiciales se impone la unidad en la lucha contra esta propuesta patronal de transferir una masa salarial al sector privado y retomar la lucha por las seis horas sin ninguna quita salarial, la creación del cuarto turno para oficinas fiscales, el descongelamiento de la planta judicial y la reapertura de paritarias.