Este martes 12 de abril trabajadores de niñez, adolescencia y familia nos movilizaremos a la Legislatur de Mendoza a para exigir el tratamiento y aprobación de la ley de carrera. La ley tiene media sanción en Senadores y busca que los/as licenciados/as seamos pasados al régimen 27. Sin embargo, lleva años sin tratarse en Diputados, impidiendo que seamos reconocidos como lo que somos: profesionales.

La ley N° 6.354, de la que Mendoza fue pionera y que fue utilizada de modelo a nivel nacional, ha sido modificada por la ley N°9.139. La nueva normativa atrasa mucho y además establece una tercerización laboral, al establecer que fundaciones y distintos organismos privados(Ecaf) intervengan en casos de vulneración de derechos, cuando debería ser el Estado quien responda ante estas situaciones.

Mendoza tiene un sistema de protección de derechos meticulosamente organizado para abarcar la especificidad de distintas problemáticas, por ejemplo PPMI (Programa de Maltrato Infantil), que se encarga de Abusos y Maltratos; ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios), organismo administrativo que toma medidas de protección en caso de riesgo grave; Cuidados Alternativos, organismo que alberga en hogares a niños, niñas, niñes y adolescentes en caso de medida de excepción, es decir que no pueden continuar viviendo en su centro de vida, centro infanto juveniles, para atender problemáticas específicas en salud mental; Asesora de Menores; Áreas de niñez, adolescencia y Familia en todos los municipios; PODES, y así mucho más, todos pertenecientes al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

Pero, ¿cómo es que con tanto aparato específico, detallado, organizado, aun mueren niños, niñas, niñes y adolescentes en nuestra provincia, como sucedió hace unos días con una bebe de dos meses? La respuesta es sencilla y es que no se destina el presupuesto necesario para cada área. Y a esto hay que sumarle que desde el 2018 el gobierno se ha esforzado por vaciar la ex Dinaf, actual DGP, que nuclea a la mayoría de los organismos mencionados, siendo el puntapié de esto la sanción de la ley N°9.139.

Este plan organizado de desfinanciamiento y vaciamiento ha llevado a tener casi una nulidad en recursos tanto materiales como de recurso humano. No solo las niñas, niños, niñes y adolescentes se encuentran hacinados en los hogares compartiendo cama o durmiendo en el piso, deben esperar meses para un turno en salud o en el programa de maltrato, entre otras cosas, sino que también, los/las/les trabajadores somos tratados como esclavos.

Esta política de vaciamiento es la que explica la situación de los/as licenciados/as en niñez, adolescencia y familia y su equivalente Minoridad y Familia, a quienes no se nos quiere pasar al régimen 27 para no pagarnos lo que nos corresponde.

Es por esto que es de suma importancia que la ley de carrera de los Lic. en niñez, adolescencia y familia sea aprobada, para mejorar nuestras condiciones laborales, acceder a los derechos que nos han sido quitados, poder ejercer adecuadamente la profesión en terreno. Para conseguirlo, debemos unirnos al resto de trabajadores de la salud en la provincia, quienes también vienen reclamando por mejoras salariales y de trabajo.