Esta semana cerró la inscripción para recibir el subsidio intercosecha destinado para los trabajadores rurales, iniciativa que solo fue lanzada por el municipio de San Martín. Como no podía ser de otra manera, el mismo fue intencionalmente restrictivo ya que el principal requisito para cobrarlo es que el trabajador haya estado en blanco en algún momento en los últimos doce meses, algo que no ocurre en el 95% de los casos, ya que trabajan en negro y de forma precaria

A estas imposiciones también se le suma la escasa o nula difusión del subsidio por parte del municipio que solo colgó algo en su red social pero no habilitó un empadronamiento, a sabiendas de que el anuncio del mismo con restricciones hubiera llevado al descontento generalizado hacia el intendente Raúl Ruffeil y el gobernador Rodolfo Suárez.

Asimismo es importante remarcar que este programa es financiado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, con lo que queda claro que las restricciones son impuestas desde el gobierno de Alberto Fernández. Lo que explica que un municipio de gran base agrícola como Maipú, de conducción peronista, ni se molestara en anunciar el subsidio.

De esta manera, queda una vez más en evidencia la política de ajuste a los trabajadores rurales que sienten cómo el peso de la crisis golpea fuertemente a sus condiciones de vida, ya que en la zonas agrícolas donde viven se ven obligados a cosechar a cambio de migajas o morir de hambre. Ya sea con Cristina, Macri o ahora Fernández esto no solo no ha cambiado, sino que se ha agudizado y potenciado el ataque por parte de la patronales y el gobierno.

Todo esto mientras quienes poseen grandes concentraciones de tierras y recursos, como los grandes bodegueros y terratenientes del campo como Ruggeri, Balbo y Zuccardi, ganan cada vez más a costa de la devaluación de los ingresos de sus trabajadores, política que cierra toda grieta entre Juntos por el Cambio y el peronismo.

La única manera de confrontar esta política que llevan adelante los gobiernos hambreadores del pueblo mientras favorecen a los grandes empresarios es con una profunda reforma del campo que tenga una planificación de su producción que sirva para garantizar los alimentos que reclaman las cientos de miles de familias de la provincia y el pías, y, por otro lado, puestos de trabajo con salarios y condiciones dignas de trabajo. Algo que choca de frente con el monocultivo y concentración que proponen los sojeros y bodegueros, en su debate de cuál negocio es más rentable.

A su vez, el subsidio intercosecha debe ser ampliado al conjunto de los trabajadores del campo sin restricción alguna con el empadronamiento libre de todos los obreros rurales, que sea de $40.000, que cubra el costo de las familias hasta que comience la nueva temporada. A esta campaña nos lanzamos para quebrar el inmovilismo de la burocracia sindical cómplice de la patronal del campo y abra una perspectiva a los trabajadores en la lucha contra el hambre generalizado que imponen Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.