En el marco de la segunda ola y frente al agravamiento de la crisis sanitaria en Mendoza, la Corte mendocina emitió una acordada que es un refrito del año pasado, donde no establece ninguna medida real y concreta de protección y prevención ante el Covid19 que tiene al sistema sanitario provincial con una ocupación de camas al límite.

Cada vez son más las inhabilidades de Tribunales por contagios que se dictan por día. Prima una desorganización e irresponsabilidad total, teniendo en un mismo edificio Tribunales donde se aplica rotación quincenal, en otros cada 7 días, en otros cada 3 días, o día por medio y en la gran mayoría ninguna rotación. Hay tribunales donde sus administradores no están informando al conjunto de los empleados los aislamientos o casos de positivos de compañeros/as o magistrados/as.

Las únicas medidas concretas por parte de la Corte son restricciones de personas al ingreso de los edificios e impulsar que las audiencias se realicen de manera remota dejando las medidas tendientes al resguardo de los trabajadores, como son las rotaciones quincenales al arbitrio de la Dirección de Recursos Humanos y de los jueces o administradores de cada tribunal, lo que constituye una verdadera farsa ya que es de público conocimiento la negativa de Recursos Humanos a dar cursos a éste tipo de medidas.

Ante el reclamo verbal de judiciales a la patronal por la rotación quincenal, se escudan en la falta personal para negarla, pero esto es problema que deben resolver ellos fácilmente convocando a los concursados que congelaron hace 7 años. ¿No tienen plata? Pues que se terminen los obscenos ingresos de los Cortesanos y sus equiparados/as.

La Corte impuso de manera arbitral la posibilidad de ingresar escritos las 24hr los 365 días del año, para ser atendido por una planta de personal reducida y completamente estresada a la que pretenden imponer el full time. Esta modificación de la jornada laboral no fue acordada en ámbito paritario. Ha significado una súper flexibilización laboral que dio terreno libre a las presiones, hostigamientos y violencia laboral por parte de jueces/zas y administradores provocando renuncias, licencias psiquiátricas y un marcado deterioro de la labor judicial.

Los trabajadores judiciales y abogados saben que en una sola mañana se recorren distintas dependencias y juzgados, junto al movimiento de expedientes lo que representado un enorme riesgo de transmisión del virus dentro del poder judicial. Incluso ha sido noticia la internación del ministro Pedro Llorente, lo que da cuenta de la situación y que no son intocables.

La negligencia de la Corte para con sus empleados es para con toda la comunidad, favoreciendo la circulación y propagación del virus atento que mantiene un criterio de productividad a favor de las compañías financieras o de los grandes estudios jurídicos de la provincia y no un criterio de responsabilidad social y epidemiológico de preservar la salud.

Están de rodillas frente a la política que lleva adelante el gobierno de Suarez con la pandemia que es la de garantizar la rentabilidad de los distintos sectores capitalistas de la provincia a costa de la vida los trabajadores. A pesar de poder tomar medidas que cuiden la vida de los trabajadores y disminuyan el tránsito de personas en la calle y el transporte público, como es garantizar rotaciones 15×15 y dispensas, se insiste en mantener la presencialidad estricta como forma de disciplinar a los trabajadores.

Quieren mantener todo como está, para no generar conflictividad social porque no están dispuestos a poner un peso más en tomar más personal luego de 7 años de congelamiento de la planta, siguen defendiendo obscenamente sus ingresos y las de sus 21 equiparados que parten de más de 300 mil por mes

La denuncia de hostigamiento y persecución a Soledad Sosa y denuncias posteriores que recibimos a partir de la campaña pública dan cuenta de esto. Una casta judicial que cobra jugosos sueldos, no paga impuestos a las ganancias, que maneja sus horarios y presupuesto, que acomoda y equipara amigos y familiares mientras los trabajadores siguen con sueldos por debajo de la canasta familiar y sufriendo el constante hostigamiento y persecución de la Corte cuando uno se anima a reclamar.

En este marco, la conducción del gremio se ha limitado a presentar una nota a la presidencia de la Corte, sin impulsar la organización y lucha sindical entre los trabajadores para ganar las medidas urgentes de protección. Esto va acorde a la política antidemocrática y de entrega que vienen manteniendo.

Por esto, es necesario decir basta a esta política que atenta contra la vida de los trabajadores e impulsar los reclamos a la Corte, y si no hay respuesta proceder a las retenciones de servicio en los distintos edificios y dependencias judiciales.

Por un sistema de rotación de 15×15, que se garantice la dispensa laboral para quienes tienen menores y personas a cargo en su hogar, urgente llamado a concurso público para cubrir vacantes y no sobre cargar el trabajo diario, adecuación horaria de la MEED al horario judicial porque no somos full time, que se garantice un verdadero plan de vacunación para todos los trabajadores judiciales y la recomposición salarial de las y los trabajadores judiciales.

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