Hace semanas el gobierno provincial anunciaba la implementación de la cobertura de Osep (la obra social de los empleados públicos de la provincia) para los y las trabajadores prestadores y contratados de la salud.

Esta medida fue informada con bombos y platillos por el gobernador Suárez y aplaudida por los sindicatos que actúan en las paritarias de salud. Por palabra del gobierno se incluirían a más de 2.000 prestadores solo por un plazo de cuatro meses y con la posibilidad de extenderlo en tanto lo hiciera la cuarentena.

Ya de movida dejaba entrever que serían muy pocos los beneficiados ya que los prestadores y contratados son aproximadamente el 50% del personal que trabaja en hospitales, centro de salud, etc.

Pero una vez oficializado dicho convenio nos encontramos con que no queda incluido el grupo familiar del trabajador o la trabajadora y que expresamente quedan afuera las coberturas por accidente de trabajo o enfermedad profesional (o sea el mismo coronavirus). Esto quedaría a cargo de la ART que en términos reales no existe para los precarizados.

Repudiamos este nuevo atropello del Gobierno, que garantiza los fondos de la provincia para pagar la deuda y no para destinar a los necesarios pases a planta y salarios dignos de los trabajadores de la salud; también denunciamos la complicidad de la burocracia sindical que persigue a quien se organiza para enfrentar el ajuste. El Estado debe cuidar a quienes nos cuidan.