El gobierno nacional, como el de la Ciudad de Buenos Aires y muchos gobiernos provinciales, ha dispuesto el pago del aguinaldo en cuotas para empleados públicos y docentes. Aun cuando la medida no está legalizada para el sector privado, las empresas siguen de manera “ejemplificadora” los pasos del gobierno y ya están planteando el fraccionamiento del aguinaldo, algo que fue materia de disponibilidad en la negociación colectiva de cada gremio, habilitada por las reformas laborales menemistas que todos los gobiernos mantuvieron en pie.

Los sindicatos que, por el momento, acordaron fraccionar el aguinaldo han sido el de estaciones de servicio y Utedyc, y se espera que más sindicatos lo hagan, aunque, en los hechos, empresarios de diferentes ramas de la economía han fraccionado el pago del aguinaldo semestral, pese a no haber acuerdo firmado con el gremio que los avale a hacerlo.

No contentos solo con legalizar el acuerdo entre la UIA, la CGT y el gobierno para habilitar rebajas salariales y pagos de sumas no remunerativas a partir de la aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que habla de los salarios de suspensión – aunque el artículo no habla específicamente de rebajas-, basándose en el carácter no remunerativo de dichas sumas las omiten en el cálculo del aguinaldo a pagar, reduciendo el aguinaldo.

El aguinaldo se calcula sobre la base del promedio de las remuneraciones percibidas durante cada uno de los semestres del año y devenga mes a mes. Muchas empresas pagaron salarios sólo entre los meses de enero, febrero y marzo; y luego, a partir de los acuerdos pactados con la burocracia de diversa estirpe y homologados por el gobierno a partir del mes de abril, pagaron sumas no remunerativas (no consideradas “salario”), y además con rebajas. Ahora esas sumas no las contemplan para el cálculo del aguinaldo, básicamente porque no las consideran “salario” en función de lo dispuesto por el artículo 103 de la LCT y el propio 223 bis. En síntesis, el aguinaldo sólo es calculado sobre los salarios devengados en los tres primeros meses, y no se computarán como días trabajados los posteriores a la suspensión decretada en los términos del artículo 223 bis por la empresa. Se pagará un aguinaldo proporcional a esos días trabajados, no entrando en el cálculo los días de suspensión. En la práctica implicará que muchas empresas terminen descontando un porcentaje del aguinaldo, que puede ser incluso la mitad.

Como esto aparece como “legal”, entonces la única forma que tienen para reclamar las y los trabajadores es a través de la judicialización, sobre la base de lo dispuesto por las normas constitucionales y convenios de la OIT que hablan de la protección del salario y que consideran toda suma como contraprestación en la relación de trabajo, en ese carácter. Aun así, la justicia no sería unánime en este planteo, sin contar lo que implica la judicialización de un reclamo para una trabajadora o trabajador.

El gobierno, la burguesía y la burocracia cómplice continúan descargando toda la crisis sobre las y los trabajadores. La lucha contra las rebajas salariales, en contra del fraccionamiento del aguinaldo y el recorte de éste, se impone. Estamos en presencia de un magnífico ajuste, sin paritarias, con salarios que han caído, por primera vez desde el año 2002, por debajo de su valor nominal.

Es necesario que en cada lugar de trabajo se discutan acciones para enfrentar este nuevo ataque contra una de las conquistas de la clase obrera. Y esto repercute en lo inmediato, porque el salario y el trabajo se necesitan ahora. La defensa de los derechos laborales y de la vida y salud de cada trabajadora y trabajador viene ligado al reclamo por paritarias libres, contra las suspensiones y despidos, contra las rebajas salariales, en oposición al fraccionamiento y reducción de los aguinaldos y por la defensa de condiciones de trabajo. Así como por el cumplimiento de protocolos de higiene y seguridad laboral en todos los establecimientos. La crisis no la debemos pagar ni las trabajadoras ni los trabajadores.