El gobierno está preparando una medida que no por anunciada por Prensa Obrera carece de espectacularidad: “La limitación de las prestaciones médicas que brindan las obras sociales y las prepagas” (La Nación, 27/9/01). La idea es redefinir hacia abajo el Programa Médico Obligatorio (PMO), que es la cobertura médica que deben brindar en forma obligatoria tanto las obras sociales como las prepagas.

El año pasado consignamos que “las cámaras que agrupan a las compañías privadas ya iniciaron una fuerte campaña para que se reduzca el alcance del PMO” (Página/12, 11/6/00). Ahora, volvieron a la carga: “El presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga, Pablo Giordano, aseguró que el Programa Médico Obligatorio tiene que ser adecuado a esta situación de crisis y que lo puedan ejecutar el hospital público, la seguridad social y el sector privado” (BAE, 28/9/01).

¿Por qué habría que redifinir el PMO?

El PMO es un listado de patologías, con el precio de los coseguros por análisis, laboratorios o médicos de urgencia que deben pagar los trabajadores. Discutido y aceptado por la burocracia sindical, fue introducido en 1995 en reemplazo de la cobertura médica universal e integral que hasta ese momento brindaban todas las obras sociales. Así, el PMO es un retroceso porque se pasó de una prestación integral a una cobertura restringida, valuada en unos 20 pesos por beneficiario. Además de legalizar los coseguros o bonos, con la introducción del PMO se buscó que los trabajadores pagaran un plus o adicional en el caso de que quisiesen una atención superior.

Ahora, se busca restringir aún más el PMO, para “racionalizar el gasto de atención, haciendo optativas prácticas que serán definidas como innecesarias, protocolarizando cada tratamiento médico y definiendo taxativamente en un vademécum qué drogas serán cubiertas” (La Nación, 27/9). En otras palabras, muchas prácticas médicas que brindan hoy las obras sociales o las prepagas dejarán de ser obligatorias y el afiliado deberá pagar un adicional o plus si necesita recibirlas. Y la protocolarización del tratamiento significa “que si un profesional no cumple exactamente con los pasos y no receta los medicamentos previstos para cada etapa de la enfermedad, se liberaría a la obra social o las empresas de financiar sus costos” (La Nación, ídem).

A esto se agrega el ataque al Pami. “El Pami debe bajar un 30% su personal”, declaró a La Nación (30/9) el ministro de Salud, Héctor Lombardo, una medida que el gobierno prepara para después de las elecciones.

Entonces, el paso siguiente es ahora restringir los planes médicos, obligando a los trabajadores con menores sueldos o sin trabajo a costearse los tratamientos médicos que el gobierno considera que no son básicos.

La burocracia sindical ha dado su visto bueno a este atropello, del que pretende salir beneficiada, porque un PMO restringido implica menores gastos para las obras sociales. En lugar de hacer frente a la evasión y morosidad patronal en el pago de los aportes que le retienen a los trabajadores, hacen frente común con esas patronales en detrimento de los trabajadores. Para los trabajadores significa: menos salud y más cara.

El PO plantea:

• Cobertura médica integral financiada con el aporte patronal.

• No a los despidos en el Pami. Que el Estado le garantice 240 millones de pesos por mes. Ruptura de los acuerdos con el Banco Mundial. Que la obra social de los jubilados esté administrada por jubilados y trabajadores.

• Plan de salud único bajo control de los trabajadores basado en el aporte exclusivo de las patronales.

• Nacionalización bajo control obrero de la medicina privada.