La renovación del contrato de gerenciamiento del Subte con Metrovías-Roggio, por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una expresión del carácter corrupto del Estado bajo la conducción de los Rodríguez Larreta. El de Roggio es un grupo económico totalmente parasitario, denunciado por el manejo fraudulento de subsidios estatales y el pago de coimas, que desde 1994 viene dando un servicio caro y desastroso y, junto a Sbase, su controladora estatal, es responsable consciente de la compra de trenes obsoletos y contaminados con asbesto, causante de enfermedad pulmonar irreversible de una cantidad incalculable de trabajadores.

Por otra parte, el aumento sistemático del pasaje no condice con la ausencia de inversiones, que han estado a cargo del Estado, y con el déficit total de mantenimiento, que pone en peligro la integridad física de trabajadores y usuarios. Se registran seis muertes de obreros por accidentes eléctricos evitables.

El maridaje delincuencial de Roggio y el gobierno Larreta hace cómplice a este último de estas gravísimas denuncias, sin eximir al kirchnerismo, bajo cuyo gobierno, durante 9 años –del 2003 al 2012-, fue la Nación la que gestionó el servicio, con el consecuente despilfarro de subsidios, sin rendición de cuentas ni inversiones apuntadas a una real ampliación y modernización de este transporte vital.

El gerenciamiento ruin del grupo Roggio, con el exclusivo objetivo del crecimiento de sus beneficios capitalistas, da nuevo sentido a lo que ha sido la confiscación del salario de los trabajadores, mediante suspensión por casi un año de la paritaria, pagos en negro y rebaja de salario, aguinaldo y aportes. Esto significa que este grupo mafioso, parásito del Estado, comienza un renovado saqueo de los fondos públicos por otros 12 años, con varios millones en el bolsillo arrebatados al salario obrero.

Privatización y ajuste son los ejes de la política, tanto del gobierno nacional como del de CABA, para los servicios públicos. La burocracia usurpadora de la UTA ha sido socia de este saqueo desvergonzado durante 26 años, que ahora se renueva.

La AGTSyP debe denunciar este contubernio contra el pueblo, reclamar la investigación de los fondos manejados por Roggio y luchar por su expulsión y la gestión de este servicio público por los trabajadores.