Un congreso de más de cuatrocientos delegados de las seccionales San Nicolás, Villa Constitución, La Matanza y Campana, reunido en esta última localidad el 22 de julio, planteó una ‘confrontación’ que amenaza dividir a la UOM si no se impone un cambio de rumbo que signifique, entre otros puntos, habilitar una paritaria siderúrgica separada y ‘federalizar’ los recursos de obra social. En respuesta a esto, desde los primeros días de agosto se vienen realizando plenarios de delegados impulsados por el Secretariado de la UOM para expulsar eventualmente a los dirigentes seccionales responsables del pronunciamiento.

Las seccionales rebeldes (que, con excepción de La Plata, son aquellas en las que se encuentran las grandes plantas siderúrgicas) denuncian al Secretariado de la UOM por no encarar una lucha por las fuentes de empleo. Dicen que la UOM debería enfrentar la “importación salvaje” y el ingreso de “productos extranjeros con dumping (que destruyen) nuestros empleos”. Son, con otras palabras, los mismos reclamos de los grandes grupos de la patronal siderúrgica. Estos, con Techint a la cabeza, han planteado un arancel de importación del 28% para las autopartes, el doble del que rige actualmente y la obligación de que los autos lleven no menos del 50% de partes y componentes regionales. Enfrentan, de este modo, la posición de las cámaras patronales automotrices, partidarias de que “un auto fabricado dentro del Mercosur pueda tener hasta un 83% de autopartes importadas” (ver Prensa Obrera 594).

El congreso de delegados de las seccionales ‘siderúrgicas’ afirma que estos planteos permitirían “generar una verdadera política industrial”. Detrás de los reclamos de Techint, sin embargo, sólo hay un puñado de pulpos embarcado en una guerra comercial debido a la crónica superproducción internacional de acero, que es al mismo tiempo una guerra contra el movimiento obrero. El grupo Techint (Siderar, Propulsora y Siderca en Argentina, Tamsa en Mexico, Dálmine en Italia) es un ‘líder’ en ‘flexibilidad laboral’ a nivel mundial. Sólo en el período 91/96 la planta de Siderca fue reducida de 6,000 a 4.000 personas y de las 35 horas hombre de trabajo por tonelada de producción, se pasó a 12, un ‘récord’ de superexplotación que la patronal se embolsó en forma íntegra. De conjunto la industria siderúrgica ha reducido el plantel de trabajadores a un tercio de los existentes una década atrás.

La existencia de aranceles aduaneros no ha promovido, por sí sola, ninguna industrialización efectiva, como lo revela la historia económica en el país, de los últimos cincuenta años. Sólo ha servido para que un puñado de pulpos se enriquezca aprovechando un mercado cautivo.

Un sindicato a la medida de Techint

El pronunciamiento de las seccionales ‘rebeldes’ no denuncia en ningún lado el régimen negrero implantado en las siderúrgicas. Plantea, sin embargo, la “reactivación de la discusión paritaria y…la recomposición de los básicos convencionales, en particular de la rama 21 (siderurgia)”, sin que se defina qué sería esa‘recomposición’. Pero está claro que esos sindicatos han condicionado, por voluntad propia, esa ‘recomposición’ a la previa protección arancelaria de las patronales. Al defender los intereses de los pulpos siderúrgicos, por un lado, y al reclamar la paritaria por la ‘rama 21’, por el otro, las seccionales están planteando la fragmentación de la UOM. Esto es lo que pretenden precisamente desde hace mucho Techint y Acindar; o sea, un sindicato por empresa o al menos siderúrgico, pero cuyo objetivo no es siquiera un convenio que abarque a todos los obreros de la ‘rama’, sino‘institucionalizar’ los convenios por empresa que ya existen a través de las ‘actas’ sobre remuneraciones y condiciones de trabajo. El propio Piccinini (UOM Villa, CTA), uno de los promotores del congreso de Campana, sostiene desde hace tiempo que la negociación de convenios por rama o gremio es “una forma vieja, anacrónica, de negociar con las patronales”. Propone, al igual que lo establecido en la ‘reforma laboral’ y en la ‘Carta’reciente de la Alianza, una “negociación descentralizada”, en la que aún manteniendo un convenio por rama,”adecuemos ciertos mecanismos a la medida de cada fábrica, región o taller” (Propuesta Política de los Trabajadores, febrero 1991).

Los dirigentes de las seccionales rebeladas proponen que la clase obrera vuelva setenta años atrás y liquide los sindicatos por industria. Creen que de este modo pueden darle una salida al obrero especializado de las empresas más grandes, en detrimento de la masa de obreros de las empresas relativamente más atrasadas en el plano tecnológico. Olvidan que la crisis económica mundial en curso, exige en la propia ‘rama’ siderúrgica una continúa‘racionalización’ del trabajo (despidos y flexibilidad).

La disputa por los negocios

Las dos terceras partes del pronunciamiento de las seccionales está referido al reparto de los fondos sociales, entre las seccionales. A mediados de mayo pasado, un congreso conjunto de delegados de las seccionales Morón y Matanza de la UOM repudió “la reducción de gastos que obliga a hacer el secretariado nacional” y suscribió un acuerdo con la “administradora de prestaciones en salud Arite SA”. Miles de afiliados de la obra social de la UOM se han desplazado hacia la del Personal Aeronáutico, de la CTA, alentados por las seccionales convocadas.

La burocracia de la UOM quiere mantener su monopolio de estos fondos, exigiendo al gobierno que prohiba los traspasos.

El Secretariado ha destruido la UOM

Las seccionales siderúrgicas culminan con su planteo de separación la política de destrucción de la UOM del Secretariado miguelista desde hace años. La UOM dejó de discutir salarios hace mucho tiempo, los que son fijados arbitrariamente por las patronales según el criterio de ‘productividad’, es decir, liquidando el convenio por rama de industria o por actividad y el desconocimiento de las categorías.

Para defender la posibilidad de la unidad de clase de todos los metalúrgicos es necesaria una Asamblea general que imponga la defensa del convenio colectivo; las categorías, el salario básico igual al costo de la canasta familiar, la jornada de ocho horas y el control de las Obras Sociales y sus fondos por un comité obrero independiente electo y revocable.