CORDOBA

La crisis industrial da un salto

Luego de varios meses con suspensiones en Renault, Fiat, Iveco y otras, el anuncio de la parálisis por diez días de las plantas MQ200 (A y B) de Volkswagen en Córdoba -que afecta a 1.100 trabajadores- provocó una gran conmoción -que incluyó declaraciones explosivas del gobernador José Manuel de la Sota.

La empresa atribuyó la decisión a la caída del mercado brasileño. VW en Córdoba es una gran autopartista (fábrica de transmisiones de velocidad para casi todas las grandes terminales) que prácticamente no había tenido suspensiones este año y había quedado fuera de la crisis de 2008/9, por lo que parecía blindada frente a la crisis. Hace pocos meses, la patronal amenazó con el cierre de la planta MQ250 (ver PO N° 1.313) alegando que no tenía futuro. Hoy esa planta es la única que trabaja.

La burocracia del Smata, liderada por el ex ministro de Trabajo de De la Sota, Omar Dragún, bajó a las plantas para explicarles a los trabajadores que estaban “peleando” para que las suspensiones fueran en dos tandas. Fueron recibidos con increpaciones, demandas y reclamos. Dragún siempre sostuvo que la cláusula convencional que obliga a pagar el 75 por ciento del bruto durante la suspensión la hace inocua, los trabajadores rechazaron esta pretensión: los salarios, sometidos al aumento de los precios, servicios e impuestos no toleran ni un peso de descuento; por otro lado, existe la conciencia de que las suspensiones son la antesala de los despidos -es lo que está sucediendo en las otras terminales, aún en cuentagotas.

El chancho y el que le da de comer

Dragún fue descalificado por su propio jefe político: De la Sota juzgó como “un golpe muy fuerte (…) quitar el 30 por ciento del ingreso a esa familia”. Fue más lejos y atacó a la empresa señalando que “levantaron la plata en pala”. La queja de De la Sota por la decisión de VW revela su impotencia como gobernador frente a la crisis laboral y pretende disimular la responsabilidad de su gestión en la situación. De la Sota le dio (y le sigue dando) a VW subsidios y beneficios impositivos que se pagan con fondos públicos. El fracaso de esta política (beneficios a las patronales a costa de los presupuestos públicos para promover el empleo) terminó de recibir un nuevo empujón. El gobierno de Córdoba mandó la policía a VW para permitir que la empresa violara decisiones judiciales que reinstalaban a trabajadores despedidos. Su ministro de Trabajo y la burocracia del Smata, que es de su propio riñón, actuaron y actúan como funcionarios de la empresa. El gobierno de De la Sota y Schiaretti ha sido siempre una gerencia de los pulpos automotrices. Parafraseando el dicho popular: la culpa es del chancho y del que le da de comer.

Para que incluso quede más claro qué intereses defiende, el PJ bloqueó en la Legislatura todas las iniciativas sobre el tema que propusimos desde el Frente de Izquierda. Hemos presentado un proyecto para prohibir despidos y suspensiones y repartir las horas de trabajo con el 100 por ciento del salario, apelando justamente a la plata que ahora el gobernador reconoce: las empresas la “juntaron a paladas”. En la sesión especial que impusimos el 7 de mayo para discutir la crisis laboral, detallamos un programa para la industria automotriz reclamando que las empresas den a conocer sus planes de producción y las horas necesarias, que abran los libros, al igual que las proveedoras de acero y las financieras de las terminales, además planteamos un plan de refuncionalización de la industria. La respuesta del bloque oficialista y del resto de los bloques fue manifestarse “preocupados” y declararse impotentes en forma pública.

El Frente de Izquierda es el único que ha planteado un programa que empalma con las luchas obreras, luchas que ponen en evidencia la decisión de los trabajadores de no pagar la crisis de los capitalistas.

Eduardo Salas