Sindicales

7/2/2024

Milei congela la masa salarial de los estatales

Urge un plan de lucha.

Enacom.

Mediante la Decisión Administrativa 28/2024, la Jefatura de Gabinete a cargo de Nicolás Posee instrumentó un congelamiento de la masa salarial de los trabajadores estatales en base al presupuesto 2023 (el cual ha sido prorrogado para 2024). Esto al establecer que “El Sector Público Nacional deberá negociar los Convenios Colectivos de Trabajo de su personal dentro de su presupuesto disponible, en el marco de la Ley N° 27.701, cuya vigencia fuera prorrogada a través del Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023 (Presupuesto 2023) tendiendo a la racionalización de los recursos del Estado nacional” (art. 3).

A su vez, se pretende eliminar la posibilidad de incrementos salariales a través de premios, bonos o instrumentos similares, que son establecidos por luchas o negociaciones sectoriales para compensar la paritaria central, estableciendo un mayor control sobre estos mecanismos (art. 1).

El plan motosierra del gobierno de Milei en el Estado nacional tiene como eje los despidos, la privatización de empresas públicas y la licuación de los salarios. En el caso de las cesantías, a las 7.000 producidas a principios de enero se pueden sumar otras 70.000, que son los contratos en revisión y cuyo vencimiento es el próximo 31 de marzo.

Lo que el gobierno pretende negociar con las burocracias de los sindicatos como Upcn, ATE, Apops (Anses), Aefip (Afip) es un plan de despidos y retiros voluntarios a cambio de salarios, a fin de que la misma masa salarial sea repartida entre menos trabajadores.

La licuación de los salarios estatales viene sucediendo, al menos desde 2015 a la fecha: según el cálculo de ATE Indec, con una inflación acumulada (estimada) para el período diciembre 2015 – marzo 2024 de 10.254%, la pérdida del poder adquisitivo se ubica en la espeluznante cifra del 75%. Así, la categoría testigo del Sinep, D0, era de $10.191 y hoy es de $283.010, cuando debería ser $1.055.228 si se hubiera ajustado por el IPC.

ATE Capital ha rechazado correctamente la decisión administrativa del gobierno, planteando que en el mes de febrero el aumento debiera ser del 46,6%, teniendo en cuenta la inflación de enero (25%) y la esperada para febrero en base al REM (18,2%).

Lo que ATE Capital no explica es porqué, junto a ATE Nacional y a Upcn, aceptó y firmó, sin mandato, el aumento del 9% para diciembre de 2023 y el 16% para enero de 2024. Esta conducta ha sido coherente con las acciones que el sindicato no tomó para enfrentar los despidos, y su desmovilización con posterioridad al paro del 24 de enero para enfrentar el tratamiento de la Ley Ómnibus.

Para enfrentar el “rodrigazo”, el principal filo de la motosierra de Milei y los despidos hay que comenzar por el rechazo a la paritaria firmada por ATE y Upcn en enero, sin mandato alguno, tal como lo hizo la Junta Interna de ATE Hospital Garrahan. Los sectores combativos de ATE pueden impulsar una deliberación en la base del gremio con el objetivo de que ATE convoque a una asamblea general de afiliados y no afiliados, para votar un plan de lucha por el salario, contra los despidos, la privatización de las empresas públicas, el protocolo represivo y todo el plan de Milei.