Sindicales
5/5/2026
Milei le debe más de un billón de pesos a la Caja de Jubilaciones de Córdoba
Llaryora rescató al gobierno nacional firmando un acuerdo ruinoso para les trabajadores.
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Protesta de jubilados en Córdoba.
El gobierno de Milei le debe a la Caja de Jubilaciones de Córdoba más de $ 1,17 billones, según surge de una auditoria acordada entre Anses y el gobierno de la provincia. La deuda es el resultado de falta de pagos de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei.
A mediados de mayo del año pasado, Martín Llaryora rescató a la administración de Milei firmando un acuerdo ruinoso para les trabajadores de la provincia por el cual Nación se comprometió a enviar $5.000 millones por mes, que luego se incrementaron a $10.000 millones, a cuenta de una deuda que ahora se conoce su magnitud.
La Corte Suprema de Justicia fijó una nueva audiencia dentro de seis meses, dando largas a un asunto cuando el gobierno de Milei debe pagar urgente a la Caja de Jubilaciones, ya que cada día de demora constituye un prejuicio para las y los jubilados de la provincia, que vienen siendo blanco de la política de ajuste de Llaryora.
Lo poco que Nación envía se lo queda el gobierno de provincial, que lejos de mejorar los haberes jubilatorios impuso una nueva reforma antiprevisional con el concurso de la burocracia sindical, que dejó pasar un nuevo ataque a derechos adquiridos por les trabajadores.
Hay que subrayar que en los primeros tres meses del año las jubilaciones cayeron en promedio un 4,4% en relación a la inflación del mismo periodo, mientras que si se toma la mediana los haberes retrocedieron un 6,8%, tomando datos oficiales de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Para encubrir esa confiscación de los haberes previsionales Llaryora anunció un 82% móvil trucho para jubilaciones. Sin vergüenza, el gobernador dijo que antes de fin de año el haber mínimo llegaría a los 800.000 pesos, muy por debajo de la canasta básica para los adultos mayores.
Llaryora también tiene intervenida la obra social Apross, que es otra fuente de recaudación en detrimento de la salud de quienes están afiliados. De manera que cuando el gobierno provincial cuestiona los impagos del Pami cae en un cinismo de proporciones. Además, en los próximos días se cumplirá un nuevo aniversario de la sanción de otra ley (anti) previsional 10694, cuya aplicación implica una confiscación de los haberes.
Cabe tener en cuenta que un trabajador cordobés aporta hasta un 26% del salario para jubilarse, y sin embargo el gobierno que tiene intervenida la Caja de Jubilaciones es responsable del déficit, que persiste producto de la orientación de precarización laboral que llevan adelante quienes gobiernan provincias y municipios desde hace décadas.
Ahora Nación y provincia acordaron en la Justicia una deuda de 271.073 millones de pesos, monto nominal, a lo que hay que sumar los faltantes de cada año como actualización e intereses por el periodo que va del 2020 al 2025, lo que actualizado a la fecha arroja la suma superior a un billón ciento setenta mil pesos.
“En todos estos años donde los gobiernos nacionales de Fernández y Milei, no cumplieron con la legislación vigente y desfinanciaron la Caja de Jubilaciones, los gobiernos peronistas de Schiaretti y Llaryora fueron imponiendo reformas prevsionales reaccionarias contra los trabajadores estatales y docentes en Córdoba, llegando al extremo insoportable que se hacen descuentos jubilatorios del 26% del salario”, planteo el dirigente del Partido Obrero, Jorge Navarro.
“Es importante tener en cuenta todos estos datos porque no se trata de una crisis, se trata de una transferencia de recursos. Lo que no se paga a los jubilados y los descuentos confiscatorios que se les hacen a los trabajadores de Córdoba, financia la bicicleta financiera de Milei. Y cuando se logra recuperar algo de esos fondos se los queda Llaryora para seguir beneficiando a los sojeros y demás capitalistas”, manifestó Navarro.
Las centrales sindicales siguen alineadas con el gobierno provincial. Como la lucha salarial docente provocó una divisoria de aguas, la burocracia atacó el reclamo de la docencia y apoyó al burócrata Roberto Cristalli de UEPC provincia que firmó una paritaria sin mandato, con represión e infiltración de la asamblea provincial de por medio, sin que la CGT ni la CTA repudien la acción dictatorial del gobierno de Llaryora.
En las paritarias de docentes y estatales la burocracia sindical esta entregando los derechos de las y los jubilados, para sorpresa de nadie. Por eso la defensa de las jubilaciones de Córdoba, como también del salario, requiere un plan de lucha hacia la huelga general. En esa perspectiva vienen transitando la docencia, judiciales y los trabajadores de salud.
