A principios de esta semana circuló en forma de comunicado un pedido dirigido a la dirección de UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones), por parte de un sector de la docencia autoconvocada, donde se solicita al sindicato ofrecer con sus fondos una ayuda a los colegas de menores ingresos, esto motivado por la situación de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de Covid-19 que ha paralizado las mayoría de actividades de nuestro país.

No cabe lugar a dudas de las buenas intenciones de este pedido ni de la urgencia de garantizar un ingreso a los trabajadores de la educación que, fruto de la escasez de horas y miserables salarios, se encuentran en situación de sub o desocupación. Muchos de ellos completan sus ingresos a base de changas y oficios informales, pero dichas actividades se han visto interrumpidas a raíz de la cuarentena, dejando a cientos de colegas de escasa carga horaria y baja antigüedad en una situación aún más precaria que de costumbre.

Pero el pedido dirigido al sindicato nos pone en situación de reflexionar sobre nuestra condición de trabajadores frente a la patronal como así también sobre el rol de los sindicatos en general.

Todos sabemos que los fondos que maneja UDPM en gran medida surgen de los aportes realizados por sus afiliados, es decir de nuestros propios bolsillos. Solicitarle al sindicato que cubra la merma de ingresos de los colegas, es exigirnos a nosotros mismos subsidiar a la patronal, liberándola de cumplir con sus obligaciones respecto a sus empleados.

De concretarse lo solicitado estaríamos sentando un peligroso antecedente y abriendo una posibilidad cierta a que el gobierno de la provincia considere que le hemos dado el visto bueno a su acceso a la caja de un sindicato.

Esto, que puede parecer una buena idea, si consideramos (y nunca ignoramos) la estrecha relación burocrática de AdoMis (agrupación que dirige el sindicato) y la Renovación (fuerza de gobierno provincial) profundizaría la práctica de delegar en los trabajadores las funciones que son propias de la patronal, y decimos profundizar porque sabemos que ya se ha instaurado como práctica habitual que seamos nosotros los trabajadores quienes solventemos los gastos corrientes del funcionamiento de las escuelas, con el propio salario a modo de aportes anuales a los fondos escolares y horas de trabajo no pago en actividades de recaudación. No podemos también nosotros cargar con refuerzos salariales.

Tenemos que tener absoluta claridad y convicción de que la actual situación salarial y laboral de los trabajadores de la educación es fruto de una política de Estado desarrollada durante décadas, de desfinanciamiento y precarización de la educación pública, mediante la cual los diferentes gobiernos se han desentendido de los reclamos por mejoras salariales reales, creación de horas y transparencia en las designaciones. Es a ellos, a la patronal, a quienes debemos exigirle cumplir con sus responsabilidades.

Esto no exime de culpa y cargo a ADoMis ni al conjunto de las burocracias sindicales sobre la actual situación, siendo participes necesarios del abandono que tan expuestos deja hoy a cientos de colegas en un momento de una crisis de características extraordinarias.

Desde Tribuna Docente consideramos que la mejor estrategia está en recuperar nuestro sindicato de manos de la burocracia, para ponerlo en manos de los trabajadores de la educación, hoy como afiliados podemos y debemos mínimamente exigir la claridad en el manejo de los aportes sindicales, que es algo que inquieta al grueso de los afiliados, pero tenemos que recordar que el sindicato es nuestro, por lo tanto igual sus fondos, y no debemos subvencionar desde nuestros bolsillos el abandono de funciones que lleva como política nuestra patronal.

Llamamos a los docentes de la provincia a recuperar UDPM, eligiendo delegados escolares antiburocráticos y encarar la expulsión de la actual dirigencia burocrática por una lista de trabajadores idóneos y transparentes que respondan a las bases, para volver a poner al sindicato a nuestro servicio y convertirlo en herramienta de lucha y victoria.

Exigimos al gobierno de la provincia un aumento salarial de emergencia de $17000 y un ingreso de emergencia de $35000 para todos los trabajadores suplentes que han quedado imposibilitados de acceder a nuevas horas y cargos a causa de la pandemia.