Recientemente se reunieron la mesa de Unidad de los trabajadores en lucha y el gobierno provincial para negociar el acuerdo salarial  exigido por los docentes. La mesa se realizó en medio de una avanzada judicial y represiva del gobierno que envió a la Policía a exigir el levantamiento del acampe docente en la capital provincial bajo orden judicial.

Una propuesta miserable

La propuesta del gobierno no puede recibir otra caracterización que esa. Apenas un 9,5%, llevando el inicial de los $400 a los $436 mil. Mucho más miserable si tenemos en cuenta que en la mesa previa habría ofrecido un 18% a los gremios aliados con los que se reunieron anteriormente y que a los policías le dieron un salario inicial de $650.000 pesos.

Se vuelve más miserable aún si consideramos que como moneda de cambio para aceptar tan vil “aumento” el gobierno propuso la devolución de los descuentos ilegales que aplicó a algunos trabajadores en lucha en el sueldo de mayo. El gobierno de la renovación usa el hambre del pueblo trabajador para seguir hambreándolos.

Nuevamente el gobierno demuestra que no quiere resolver el reclamo de los trabajadores de la educación movilizados -ni de los de salud y otros sectores- y su “paz” solamente contempla trabajadores pobres y regimentados a sus órdenes.

En las calles hasta obtener lo que nos corresponde

La negativa a la propuesta fue inmediata y la respuesta de los trabajadores se manifestó en las asambleas desarrolladas en Eldorado, donde se resolvió mantener el corte de ruta de hasta el martes, y en Posadas, donde se resolvió volver a cortar la Av. Uruguay, pero también en todas las localidades de la provincia donde las y los trabajadores de la educación van a resolver cómo seguir la lucha.

El espíritu de lucha está intacto y eso se vio en las enormes movilizaciones realizadas para acompañar la última mesa con la patronal.

¡La lucha de las y los trabajadores de la educación misionera sigue en pie! Vamos por el fin de la persecución judicial, por la devolución de los descuentos por huelga y la no persecución económica y administrativa de los trabajadores, por un acuerdo salarial que satisfaga la demanda de las y los trabajadores de la educación.