Luego de que el miércoles pasado los trabajadores y la comisión de mujeres, apoyados por la izquierda y el activismo,  lograran suspender el desalojo de forma heroica, el gobierno de Schiaretti busca mejores condiciones políticas para una nueva avanzada represiva.

El falso compromiso del fiscal de la causa, responsable del violento operativo, de juntar a todas las partes para darle una salida al pliego de reclamos de los trabajadores no ha prosperado. Hasta ahora, la única señal clara que dio el gobierno es una fuerte presencia policial dentro y fuera de la planta como parte de una intimidación a los trabajadores y sus compañeras que se mantienen apostados en distintos sectores estratégicos del molino.

La intención de Schiaretti es desalojar a los trabajadores e imponer una derrota final a una causa obrera y popular antes de que se termine el receso y comience la actividad normal y con ella las luchas, en un cuadro marcado fuertemente por el retroceso industrial, el cierre de fábricas y los despidos. Pero choca con la posibilidad de que alrededor de Minetti se desarrolle una reacción popular.

Un lugar especial ocupan las centrales sindicales que ni siquiera han sacado un comunicado solidarizándose con los trabajadores ni repudiando la represión. La profunda cooptación de las CTA´s y las CGT´s, de la provincia, al gobierno de Sciaretti tiene que alertar a los trabajadores que en el corto plazo saldrán a luchar por sus reclamos con sus conducciones enroladas en la tarea de garantizar el ajuste. Sólo aparecieron por el conflicto en sus inicios para intentar separar a los trabajadores de la izquierda, o sea de la lucha, y para dividirlos internamente. 

Ni la jueza que atiende el pedido de quiebra ni el Ministerio de Trabajo, y mucho menos la patronal de Minetti, están dispuestos a ceder en el  pliego de reclamos que levantan los compañeros: el pago de los salarios  adeudados, que la fábrica vuelva a producir y que se dé marcha atrás con los fraudulentos e ilegales despidos, que en su mayoría fueron fraguados “con causa” y, por lo tanto, sin derecho a reclamar indemnización.

El conjunto del Estado capitalista y sus partidos patronales, con la burocracia sindical, rechazan de plano avanzar contra Minetti, cuando esta patronal se ha cansado de evadir impuestos y cometer fraude contra los trabajadores. El gobierno y la justicia son cómplices del accionar delictivo de la empresa, en aras de la defensa integral de la clase capitalista. Ante ello, solo queda una respuesta de los trabajadores: impulsar la movilización obrera y popular para conseguir la reactivación de la planta.       

En este cuadro, con la CSC y Soledad Díaz García, legisladora del PO-FIT, estamos discutiendo con los trabajadores un proyecto de ley de expropiación y gestión obrera de Minetti. Esta es la única salida para poner a funcionar una fábrica productora de harina de trigo, un producto que fundamental en una Córdoba donde más del 50% de los niños son pobres y casi la mitad de ellos están en situación de indigencia, e incluso tendría al Estado como principal  consumidor.

La gestión obrera es una salida a la que están arribando obreros de distintas fábricas vaciadas o en concurso de quiebra en la provincia y en todo el país. En Córdoba, el caso más reciente es el de la fábrica ex Plascar.

Un planteo de estas características se convertiría en una causa popular y serviría como base para desarrollar  fuertes movilizaciones que defiendan la ocupación de la fábrica, su pliego de reclamos y que impongan la gestión obrera.

¡Viva la lucha de los trabajadores de Minetti!