Lxs trabajadores judiciales de Córdoba protagonizan una rebelión por la recomposición salarial y la equiparación con sus pares de la Justicia Federal. En esa perspectiva, días atrás realizaron un parazo de 72 horas y arrancaron con la lucha una mesa de negociación con representación de la conducción del sindicato (AGEPJ), autoconvocados, y la lista opositora del gremio.

En este cuadro, el gobierno provincial y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), es decir el tándem patronal, aceptaron la mesa de negociación en la que se colocan como juez y parte. Además, con el concurso de la burocracia sindical apuntan a desmovilizar, regimentar, y derrotar el justo reclamo salarial de los trabajadores. Por eso la patronal en la mesa de negociación no dio una propuesta concreta.

La "suspensión" de los descuentos de los días de paros es una vía para terminar de hacer pasar una "conciliación voluntaria", por un plazo de 15 días hábiles, en la que lxs trabajadores deben abstenerse de hacer uso de la herramienta fundamental con la que avanzaron en su reclamo: el paro.

Cabe subrayar que todo el proceso tiene como punto determinante una "autoconvocatoria" que, desde abajo, arrancó paro y plan de lucha. Como la conducción del AGEPJ no pudo contener tuvo que reperfilar su orientación. Pero la burocracia busca “descomprimir” una pelea, que nunca quiso dar consecuentemente puesto que son colaboracionistas con el gobierno del PJ, de ahí su oposición a movilizarse al Panal [sede del gobierno provincial] las veces que haga falta.

La intervención de la burocracia apunta contra el presidente liberfacho Javier Milei, para mejor disimular que son parte de una CGT que en un cuadro de luchas salariales en Córdoba, no realizó ni paro ni plan de lucha. Por eso la base de los gremios cada vez más rechaza a los Corteletti y los Cristalli.

Así las cosas, la unidad es con lxs luchadores, para construir la fuerza colectiva que permita imponer en la mesa de negociación el conjunto de reclamos pendientes, que está expresado en un programa con más de 500 firmas de trabajadores.

La burocracia no parte de una premisa central, de la que debe partir el activismo de judiciales que va en la misma perspectiva que la docencia combativa organizada en Uepc-Capital: lxs trabajadores deben intervenir de manera independiente ante un gobierno que la está atacando principalmente mediante un ajuste en salarios y jubilaciones.

El gobernador Martín Llaryora busca hacer caja con recursos que son de lxs trabajadores, y pagar deuda en dólares que contrajo el peronismo. Todo esto mientras defiende los intereses del capital agrario que domina la provincia. 

En resumen, lxs judiciales pueden ganar, y de esa manera derrotar la política de ajuste salarial de quienes gobiernan, a partir de no retroceder en las herramientas de la lucha. En ese sentido, es clave unificar las luchas de trabajadores que recorren la provincia: municipales, hospitales, judiciales, docentes, en un plenario de trabajadores para plantear a todo el movimiento obrero un programa de salida independiente para intervenir en esta crisis.

El acuerdo del SEP con Llaryora no clausura lucha salarial en Córdoba

Es necesaria una acción independiente del gobierno para revertir los salarios de pobreza. -

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