En el marco de la crisis económica que golpea a los hogares de las familias trabajadoras y desocupadas, agravada por la pandemia del Covid-19, la multinacional Mondelez, productora de galletitas, golosinas y jugos en polvo en el país, decidió recortar el sueldo de centenares de trabajadores y trabajadoras de sus plantas en Pacheco y Victoria. Esta medida va en sintonía con la orientación acordada entre el gobierno nacional, la Unión Industrial (UIA) y la CGT, a la que pertenece el STIA (sindicato de la alimentación).

El ajuste consiste en un recorte en las sumas no remunerativas del sueldo de los trabajadores con enfermedades crónicas y las madres de menores de 12 años, y se profundiza para las madres de hijos entre 12 y 17 años, a quienes además se les recorta el salario básico en un 30%.

La ofensiva patronal, acompañada por la comisión interna, busca contrarrestar dos derechos básicos -a la salud y al cuidado de menores a cargo- y forzar a toda costa una salida del aislamiento. Una extorsión con todas las letras: hay que elegir entre el cuidado de la salud y/o los hijos, frente al ingreso económico familiar.

Las trabajadoras son las más perjudicadas

Las mujeres, que en la sociedad capitalista son las encargadas de las tareas domésticas y de crianza, se ven sobrecargadas con la cuarentena, al haber desaparecido los precarios dispositivos de socialización que existen por fuera de la familia: la escuela, plazas y clubes. La patronal de Mondelez le suma a esto la rebaja salarial. Ni siquiera se contempla la situación de aquellas que envían a sus hijos al jardín de la planta Pacheco que permanecerá cerrado.

Con el agravamiento de la explotación laboral, la rebaja salarial y la sobrecarga de las tareas domésticas, queda al desnudo la doble opresión que sufrimos las mujeres trabajadoras y su profundización en esta crisis.

Contradicción capitalista: ganancia o salud

Como si esto fuera poco, la empresa promueve el enfrentamiento entre los propios trabajadores: con la plata del recorte de salarios a los licenciados, les ofrece un bono de 2 mil pesos por semana a quienes tengan asistencia perfecta.

Mientras tanto, la empresa sigue produciendo a todo ritmo elementos no esenciales destinados principalmente a la exportación, amparada por el DNU presidencial por estar catalogada en el rubro alimentario. En noviembre del año pasado, a través de la aprobación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y a fuerza de amenaza de despidos masivos, la multinacional consiguió una importantísima rebaja del pago de impuestos patronales, por ejemplo del aporte previsional, hasta mayo de este año.

En este contexto, y ante el avance de la pandemia, se refuerza la urgencia de los reclamos por falta de elementos y medidas de higiene y seguridad, que vienen siendo desoídos por la patronal. Sigue faltando alcohol en gel, jabón en los baños, barbijos y guantes, y no se cumple el distanciamiento entre trabajadores. La entrevista a una de sus trabajadoras realizada por Prensa Obrera es elocuente al respecto.

Organizar la respuesta obrera

Con el método de premio-castigo, la empresa busca disciplinar al conjunto de trabajadores para mantener sus ganancias (que a nivel global fueron de más de 26 mil millones de dólares en el 2018), a costa de exponer al contagio a los 2.700 empleados de estas plantas y sus familias.

La comisión interna debe llamar a asamblea de todo el personal para poner en pie comisiones de seguridad e higiene que hagan cumplir las normas necesarias, defender el convenio laboral y exigir la apertura de los libros contables.

Desde la Coordinadora Sindical Clasista señalamos que la fábrica debe reconvertir su producción hacia alimentos esenciales, adoptando todas las medidas de seguridad e higiene para evitar contagios, respetando las licencias de los enfermos crónicos y madres de menores, y pagando el salario completo a todo el personal, sin despidos ni suspensiones.