El Congreso de la Nación viene de aprobar la actualización de los topes y montos del Monotributo, que recae sobre trabajadores autónomos, cuentapropistas y sobre una porción significativa de trabajadores precarizados. Con una actualización del 35,3%, levemente por detrás de la inflación, el gobierno recauda a expensas de un sector golpeado por la pandemia.

La actualización del tope se realiza según la evolución de la jubilación, pero de forma anual. Aquí sucede algo similar a lo que ocurre con Ganancias, salvo que la recategorización del Monotributo es semestral: lo que implica volver a la vieja categoría (luego de un leve beneficio) o incluso a una más confiscatoria para el trabajador, dependiendo de la evolución de la inflación, salarios y precios.

Entre los implicados se encuentra toda una gama de trabajadores que debido a mecanismos de flexibilización laboral y precarización son forzados por las patronales a integrar el régimen de Monotributo, para evadirse de reconocer una relación laboral de dependencia.

De esta manera, quienes actualmente “facturan” como trabajadores autónomos, como los trabajadores de las plataformas de reparto, prestadores de la salud (acompañantes terapéuticos y otros), oficios, artistas, etc. siguen siendo alcanzados por esta regulación, la cual no hace ninguna distinción al respecto.

El gobierno no solo hace la vista gorda sobre estas situaciones anómalas, con contratos de prestación de servicios u otras modalidades para descargar el “costo laboral” en las espaldas de los propios trabajadores, sino que se vale de las mismas para alimentar la caja del fisco. Además de actuar de la misma manera desde el propio Estado, con distintas modalidades de contratos basura.

Recordemos que durante la primera ola de la pandemia y las medidas de aislamiento obligatorio, el gobierno nacional no aflojó nunca la presión fiscal sobre el universo de trabajadores incorporados en el Monotributo, incluso a pesar que gran parte de ellos vio reducidos sus ingresos a su mínima expresión.

Los y las trabajadoras forzados a este régimen no cuentan con los derechos laborales legales, ni convencionales. No poseen licencias especiales, ni por enfermedad. Se estima, incluso, que casi la mitad del total de monotributistas siquiera accede a obra social alguna.

La medida intenta presentarse como un beneficio, junto al aumento del piso de Ganancias, sin embargo encubre un régimen de precarización y confiscación de una porción significativas de trabajadores y trabajadoras, que se agravará en el curso del año.

En medio de la segunda ola de la pandemia vuelve a estar al orden del día la suspensión del aumento para las cuatro categorías más bajas, donde se encuentra el grueso de los trabajadores, y la devolución del aumento ya tributado.Un seguro económico de $40.000 para enfrentar los efectos económicos de la crisis. El pase a planta permanente, según el convenio de cada actividad, del personal precarizado bajo esta modalidad. Así como garantizar la cobertura de obra social y el acceso a la salud.

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