Las crisis económicas en los diferentes estados (nacional, provincial y municipal) sin dudas se manifiestan en una crisis de deuda. En este caso, la Municipalidad de General Mosconi, los acreedores se cansaron de esperar y presionan para que se les pague. Cabe señalar que es vox populi, que la deuda es por los gastos del intendente en la campaña electoral pasada.

Para dar respuesta a los acreedores, Ruarte realiza una quita salarial, de la cual los trabajadores municipales se enteraron al momento de cobrar sus sueldos del mes de agosto y cuando Ruarte hizo declaraciones en un medio radial.

Este golpe al bolsillo de los municipales, que se hizo por una ordenanza adreferendum, se da en medio del pico de contagios de coronavirus en el departamanto San Martín, con un sistema de salud vaciado, que ha llevado a los vecinos a realizar colectas para comprar tubos de oxígeno que el hospital no tiene.

El intendente ajusta a los trabajadores para pagar las deudas por su campaña proselitista, apoyándose en la pérfida idea de que los trabajadores no cumplen con sus funciones, ocultando cínicamente que han llevado adelante, principalmente Ruarte y los diferentes gobiernos, una política de vaciamiento de las dependencias municipales. Trabajadores municipales denuncian que se ha tercerizado tareas en talleres metalúrgicos de un amigo del intendente.

Otra falacia agitada por el intendente es que la mayoría cobra sueldos altos.

En este intento de cargar sobre las espaldas de los trabajadores las consecuencias de un endeudamiento irresponsable, la camarilla de Ruarte utiliza, mediante el apriete y la amenaza de ser despedidos, a un grupo de trabajadores que firmaron un pedido de despido para aquellos trabajadores que no cumplan con sus funciones, intentando vilmente enfrentar a trabajadores contra trabajadores.

La respuesta a este ataque tiene que ser una gran asamblea de todos los trabajadores municipales, de planta, contratados y precarizados en todas sus formas.

Rechazo a cualquier quita salarial.

Pase a planta de todos los contratados y precarizados.

Provisión de equipamientos, herramientas y materiales a todas las dependencias municipales.

Por un plan de obras públicas a cargo de los trabajadores municipales.

Provisión de elementos de protección sanitaria y protocolo bajo control de los propios trabajadores y vecinos.

Para financiar esta salida es necesario implementar una tasa municipal del 6% a las petroleras, como propusimos cuando tuvimos una banca en el concejo deliberante.

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