El martes 10 de julio, un conjunto de sectores pertenecientes a edificios amenazados de desalojos o con desalojos ya consumados de diferentes barrios de la Capital, se movilizaron frente a la Comisión Municipal de la Vivienda y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Las familias trabajadoras concurrieron acompañadas por delegaciones de las comisiones de desocupados de diversas barriadas y contaron con el respaldo del Polo Obrero y del bloque legislativo del Partido Obrero.

Los desalojos son inminentes; entre ellos, hay varios edificios con grandes concentraciones humanas, como los ubicados en las calles Caracas 2787/91/97, Sarandí 855, Perón 2060, Corrientes 1258 y Padelai.

En el edificio ubicado en Caracas 2787/91/97 viven en la actualidad más de 180 familias, compuestas de 400 adultos y 400 menores. Dicho predio es conocido popularmente como “La Lechería”, pues allí funcionaba una fábrica que se dedicaba a esa actividad. Muchas de las casi 200 familias están alojadas allí desde hace más de 20 años, condenadas a vivir en condiciones inhumanas, de brutal hacinamiento, privadas de los medios y servicios más elementales.

En Sarandí 855, las 84 familias que habitan el inmueble deben desocuparlo, de acuerdo al convenio firmado meses atrás, a más tardar el 31 de agosto.

En Perón 2060, a su turno, las 59 familias que habitan allí sufrieron un primer intento de “lanzamiento”, en febrero, que pudo ser parado, aunque la causa sigue su curso.

En Padelai, continúa sin resolverse el reclamo en favor de una vivienda d igna mientras sus habitantes son objeto de un trato cotidiano intimidatorio y humillante por parte de las fuerzas de seguridad y de Promoción Social.

En Corrientes 1258, 350 familias quedaron en la calle en diciembre del año pasado y hasta el día de hoy siguen esperando el otorgamiento de préstamos de 30.000 dólares porque el Gobierno de la Ciudad viene desconociendo el acta acuerdo que había firmado oportunamente con los desalojados.

De hacerse realidad estas nuevas amenazas que describimos, muy probablemente asistamos al desalojo más masivo que se registra en la materia, al menos en los últimos años.

Estas tentativas forman parte de la ola de desalojos que recorre a la ciudad. Cada día se producen uno o dos desalojos. Existen en la actualidad 477 desalojos en trámite, que podrían conducir a la calle a no menos de quince mil personas.

Esta furia desalojadora tiene como antecedente inmediato una reforma al Código Penal largamente reclamada por los monopolios inmobiliarios. Dicha reforma faculta al juez, “en cualquier estado del proceso”, si considera “verosímil” la documentación aportada por el denunciante, a que concrete el desalojo mediante el empleo de la fuerza pública.

Esta reforma, que despertó el júbilo de los empresarios inmobiliarios, fue la señal para el lanzamiento de una cruzada en la Capital donde existen 12.000 propiedades en litigio, involucrando a más de 150.000 personas.

Los trabajadores afectados tienen, sin embargo, una solución.

Tomemos, a manera de ejemplo, el caso de Caracas.

El Banco Ciudad ha tasado el predio en 570.000 pesos, aunque las inmobiliarias de la zona lo valúan en alrededor de 300.000 pesos. Incluso, con la tasación más alta, la indemnización resultante de una expropiación sería insignificante con relación a la cantidad de familias y personas afectadas. A razón de 3.000 pesos por familia, se podría evitar el drama social que significaría 800 personas en la calle. El alojamiento, por lo pronto, de esas 800 personas en los hoteles transitorios demandaría mensualmente, a razón de 4,5 peso por persona y por día, más de 60.000 pesos, lo cual es plata tirada, pues no ofrece a los damnificados ninguna solución. Salta a la vista que la alternativa del alojamiento transitorio constituye una flagrante dilapidación de recursos. Sin embargo, el gobierno porteño destina a ese rubro 10 millones de pesos, cifra cercana a todo el presupuesto de la CMV para vivienda social.

Es inaceptable el argumento de que no hay predios. La ciudad cuenta con centenares de terrenos, edificios ociosos y desocupados. ¿Qué pasa con las 2.000 propiedades que han pasado a formar parte del patrimonio de la Corporación del Sur o los terrenos pertenecientes a la Corporación Puerto Madero, o los que están bajo la órbita de la Dirección de Bienes, dependientes del Gobierno de la Ciudad?

En función de este cuadro de situación los trabajadores plantean:

1) Suspensión de los desalojos por dos años.

2) Este período debe ser utilizado para empadronar a todos los inquilinos precarios y establecer con ellos una solución habitacional definitiva.

3) Se debe derogar toda norma discriminatoria contra los inmigrantes y sus posibilidades de acceso a una vivienda, empezando por la resolución interna de la Comisión Municipal de la Vivienda que se los impide.

4) Frente a los casos de desalojo inminente, se debe destinar los inmuebles ociosos y desocupados en poder del Gobierno de la Ciudad al alojamiento de las familias afectadas, o en su defecto, el Gobierno de la Ciudad debe hacerse cargo del alquiler en caso de que fuere necesario apelar a un inmueble privado.

5) A las familias en vías de ser desalojadas debe adjudicárseles en forma inmediata un crédito de 30.000 pesos, pagadero en cuotas que no podrán superar el 15 por ciento del ingreso familiar *o un subsidio en el caso de las familias más carenciadas*, poniéndose a disposición de las familias afectadas los predios en poder el Gobierno de la Ciudad.

6) En los casos específicos de edificios que constituyen grandes núcleos habitacionales, se constituirá una comisión cuatripartita integrada por representantes de la Comisión Municipal de la Vivienda, la Comisión de Vivienda de la Legislatura, la Defensoría del Pueblo y los afectados para resolver los problemas planteados y encontrar una solución satisfactoria a los mismos en un plazo perentorio.