14/04/2011 | 1172

Moyano no cuestiona la privatización de las obras sociales

El reclamo de la CGT de limitar los traspasos de afiliados a las obras sociales ha sido presentado por la prensa como el desencadenamiento de un conflicto de la burocracia sindical con la medicina privada, al cual hasta se lo vincula con otras propuestas moyanistas, como el reparto de ganancias o incluso la designación del abogado Recalde como candidato a vicepresidente del FpV -en suma, como un despliegue de las tendencias chavistas del kirchnerismo. Sin embargo, cuando se lo desmenuza, se vuelve a poner de relieve el amplio vínculo comercial y financiero de la burocracia sindical con las prepagas ¡que se ha intensificado durante el kirchnerismo! Asistimos ahora a una crisis «societaria» con el gobierno y las prepagas, como ocurre siempre que una relación ha alcanzado su punto más alto.

La burocracia cegetista no reclama excluir a la medicina privada de la atención que ofrecen las obras sociales, sino aumentar las comisiones que obtiene como intermediaria de los aportes de los trabajadores; exige, asimismo, que el gobierno le devuelva los 9.000 millones de pesos que le ha estado reteniendo.

Hoy, a través de contratos de prestaciones o como fachada de prepagas, la medicina privada domina la atención médica de las obras sociales. Muy pocas obras sociales -y en forma parcial- cuentan con prestadores propios. La atención médica es brindada por las redes de las prepagas que, en su mayoría, tampoco tienen prestadores propios, sino que son contratados por la medicina privada y actúan como una segunda intermediaria financiera, entre ella y la burocracia. Las prepagas son el equivalente a una ‘cueva financiera’, o sea que intermedian una enorme liquidez, lo que les permite incursionar en otros negocios, en especial con los bancos. Es un sistema parasitario del mismo tipo que ha hecho explosión con la crisis financiera mundial.

La pelea ahora está concentrada en los aportes que se pasan a ciertas obras sociales, las que operan como fachadas de prepagas (como comisarios navales, mutual SanCor, control externo o árbitros deportivos), gracias a la ‘desregulación’ establecida por ley para las obras sociales -cuya finalidad declarada había sido concentrar el universo disperso de la atención médica sindical en pocas obras sociales. Esas obras sociales de fachada captan afiliados ofreciéndoles la atención médica de las prepagas como Osde, Medicus, Swiss Medical, Medifé o Galeno, lo cual requiere en muchos casos el pago de una suma adicional al propio aporte.

Se calcula que dos millones de trabajadores emigraron de sus obras sociales de origen a las de fachada que hacen de puente con esas prepagas. Se sirven para eso de los vendedores o promotores de las ex AFJP, para las cuales hacían una tarea similar (captar afiliados de la Anses).

La burocracia plantea volver a reglamentar los traspasos para repartirlos en forma más pareja, redefinir los contratos de asociación entre las obras sociales y las prepagas. También para que las cuotas adicionales que pagan los trabajadores ingresen al sistema y contribuyan al Fondo Solidario de Redistribución, de donde se nutre la Administración de Programas Especiales (APE) -hoy bajo sospecha por los troqueles truchos que llevaron a la prisión a Zanola, a la detención y posterior excarcelación de Venegas y a las denuncias sobre Moyano y su esposa.

Esta modificación no cambiará la realidad del sistema de obras sociales como pasarela hacia las prepagas y la medicina privada, sino que además significará un encarecimiento mayor de la salud, porque el trabajador transferiría a la obra social a la cual se transfiera una menor proporción del aporte, aumentando la cuota adicional que debe afrontar, a lo que se agregaría un 20% como contribución al Fondo Solidario.

Por otro lado, el gobierno también se fue financiando con los aportes de los trabajadores al retener unos 9.000 millones de pesos en el Fondo Solidario de Redistribución, los cuales debería haber transferido a las obras sociales.

No hay en los reclamos de la CGT ninguna demanda de mejora de la atención médica y de los profesionales y enfermeros, de fortalecimiento del hospital público y de abaratamiento de los costos de salud. Es una pelea de comisionistas que llevará a un mayor encarecimiento de la salud.

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