La despedida de Moyano como secretario general de la fracción Azopardo de la CGT –aunque seguirá cumpliendo funciones hasta el congreso del 22 de agosto- fue un paso necesario del operativo de reunificación que busca poner fin a un prolongado periodo de división de la central.

 

La base de la unidad que está en marcha es la necesidad de las direcciones sindicales de reforzar su capacidad de maniobra ante el gobierno de Macri y las transformaciones que éste intenta imponer en las relaciones laborales. Esto supone en primer lugar asegurar la contención del movimiento obrero.

 

Un triunvirato por un año integrado por Juan Schmid (jefe de la CATT, la confederación de gremios del transporte, y hombre de Moyano), Héctor Daer (de Sanidad, como candidato de los “Gordos”) y Carlos Acuña (de Estaciones de Servicio y delfín de Barrionuevo), es la alternativa que más suena. Y no se descarta sumar, por ejemplo, al bancario Sergio Palazzo, respaldado por gremios cercanos al kirchnerismo.

 

Si, como alguna vez dijo el inefable Lorenzo Miguel, “un cuerpo con tres cabezas es un monstruo”, no hablemos de cuatro.

 

La idea de una transición ordenada está chocando, sin embargo, con la resistencia del Momo Venegas, convertido en un operador directo del gobierno, quien se postula en oposición a Schmid (“no le vamos a dar la conducción de la CGT a un trotsko”) y rechaza una dirección colegiada; algo que también ha hecho el taxista Viviani, impulsor -en nombre del Movimiento de Acción Sindical Argentino- del ferroviario Sasia por el sector más prokirchnerista.

 

Como se aprecia, la mentada unidad no enfrenta un camino fácil. Aunque más allá de las roscas y las tensiones internas, la burocracia de conjunto sigue sin sacar los pies del plato de la tregua, como lo revela su completa inmovilidad frente a los tarifazos.

 

El malhumor social y la presión obrera crecientes empiezan a convencer a algunos sectores de la oportunidad de elevar el tono hacia el gobierno. En esta línea se ubica el reclamo de Palazzo de una CGT con perfil más confrontativo o las medidas que la CATT propondrá al plenario de secretarios generales del 4 de agosto en la sede de Azopardo.

 

El otro factor de primer orden que alienta el malestar de la burocracia es la demora en una inyección de fondos de las obras sociales de 2.700 millones de pesos adicionales que Macri había asegurado como parte de los acuerdos para garantizar la paz social.

 

Moyano, cauteloso, se limitó a aconsejar al gobierno “tener más cuidado” y dijo “que el tiempo de luchar no está muy lejano”. No se trata apenas de la continuidad condicional de una tregua. Es más profundo. Moyano justificó antes y después del ascenso de Macri -y aún cuando empezaron a arreciar los 200 mil despidos y la despiadada inflación- las medidas macristas en la necesidad de “sincerar la economía”. En criollo, pasar la factura del ajuste a los trabajadores.

 

Es una orientación estratégica de etapa en la que coinciden las fracciones de la burocracia que intentan parir la nueva CGT. Ese sentido tuvo la “parlamentarización” de los reclamos obreros que terminó en el bochornoso veto presidencial de la llamada “ley antidespidos”, frente al cual no insistió la oposición patronal, incluido el FpV, y frente al cual no hubo paro nacional.

 

No obstante, la “unidad” en defensa propia de los negocios y el poder de la burocracia sindical, está atravesada por el agravamiento de la crisis del peronismo que inaugura cada día un bloque parlamentario nuevo como consecuencia de la desintegración progresiva del FpV. En varias de esas fracciones revistan “diputados sindicales” sujetos a los pactos de gobernabilidad de los Massa, Bossio y Cía.

 

La reunificación que se cocina no tiene punto alguno de progresividad ni significa un solo paso en dirección de la real unidad del movimiento obrero. Esta sólo será posible mediante un Congreso de Bases con mandato de asambleas, que defina un programa y un plan de lucha para derrotar el ajuste y elija a la dirección adecuada para ejecutarlo. En esa línea planteamos una urgente iniciativa de los sectores clasistas y antiburocráticos para luchar contra el tarifazo, por paritarias libres, por el reparto de horas frente a despidos y suspensiones y por el aumento de emergencia a jubilados y planes precarizados.

 

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