La Secretaría de Atención y Prevención de Salud Comunitaria de la ciudad de Córdoba, a cargo de Liliana Montero, desvinculó el pasado 28 de diciembre a ocho trabajadoras sociales que había contratado bajo la figura de monotributo. Las profesionales habían sido seleccionadas con un perfil específico –residencia en salud- a partir de una nómina aportada por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, quien expresó su repudio luego de conocida la medida. El sindicato convocó a reunión de delegados y a una nueva asamblea de los mismos para el próximo martes 10 a las 11 horas en la sede de la secretaría (27 de abril 784).

Se trata de un despido aleccionador ya que las profesionales habían participado de asambleas gremiales convocadas para exigir, entre otras, la restitución de funciones a los compañeros de capital humano. En su comunicado, el Colegio de Profesionales de TS señaló que “alarman las condiciones precarias de trabajo y violencia institucional que padecen colegas de TS monotributistas de la Daps (Dirección de Atención Primaria de la Salud)“, señalando la falta de pago de meses trabajados (octubre a diciembre) y la desigualdad salarial entre profesionales de planta y precarizados, pese a la equiparación de tareas y horarios; sumado a tener que pagar diferentes ítems para ser contratados (seguro de vida, monotributo e impuesto a los sellos).

El caso vuelve a poner sobre la mesa la ilegalidad con la que actúa el Ejecutivo municipal a cargo de Llaryora, próximo candidato a gobernador por el PJ provincial. El intendente se vale de sus secretarios para ejecutar un ajuste brutal desde su asunción, como lo demuestra la violación permanente del estatuto municipal: el recorte de la séptima hora, el incumplimiento de bonificaciones y ascensos, las sumas en negro, el desconocimiento de funciones, la contratación por fuera de convenio de 900 monotributistas, 1.500 becarixs y la estafa que significan la cooperativización de miles de servidorxs urbanxs.

Todos estxs trabajadorxs precarizadxs realizan tareas que corresponden a personal de planta, con las mismas exigencias de éste pero con una remuneración miserable, que ni siquiera ha recibido las actualizaciones porcentuales paritarias que alcanzaron los trabajadores bajo convenio –que, recordemos, perdieron 20 puntos de salario a lo largo del año.

Así, el Digesto Municipal -la ordenanza 7.244, que regula el convenio colectivo de trabajo- ha sido violado desde el minuto 1 de esta gestión, continuando la política precarizadora del anterior intendente Mestre, quien entregó a un ente autárquico (hoy COyS) una porción de tareas municipales operativas, iniciando la flexibilización laboral que hoy se expresa en su punto más agudo.

Liliana Montero y el oportunismo político

Montero está a cargo de la Secretaría de prevención y Atención de Salud Comunitaria creada en junio de 2022. Su área comprende la coordinación de la DAPs, los 100 Centros de Salud municipales, las DEM (Dirección de Especialidades Médicas) Norte, Centro y Oeste y el Odontológico. A cargo de Alexandroff quedaron los hospitales municipales, el 107 y el hogar Padre Lamónaca.

Montero pasó por el Frente Cívico (Juez), Córdoba Podemos (kirchnerismo-Fresneda), hasta el actual HpC (Schiaretti/Llaryora). Es un ejemplo de cómo el Estado constituye un aparato de reaseguro laboral de oportunistas que mutan según la conveniencia. Como denunciáramos desde el momento mismo de su desdoblamiento, este desprendimiento de la Secretaría de Salud ha significado un incremento de la planta política a costa del deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores y de los servicios a los que debiera acceder la población.

Toda la salud municipal, en ambas secretarías, está signada por la contratación de profesionales monotributistas: no se reemplazan bajas por alta y las tareas se desarrollan con igual responsabilidad entre quienes revisten distintas modalidades de contratación, configurando un ajuste que se ha transformado en una reforma laboral de hecho.

No se trata entonces solo de un ataque a ocho trabajadores. Los despidos arbitrarios que se suceden todos los fines de año y la violencia institucional constituyen una afrenta gremial que exige medidas a la altura de los hechos.

Desde nuestra agrupación municipal repudiamos los despidos y la violencia institucional, y nos sumamos al reclamo por la inmediata reincorporación de lxs despedidxs, exigiendo avanzar en la organización de un verdadero plan de lucha, que parta del empadronamiento -repartición por repartición- de todxs lxs precarizadoxs y su convocatoria junto a todxs lxs municipales, para unificar los reclamos en defensa del estatuto exigiendo ya el pase a planta de lxs precarizadxs, para enfrentar en unidad el ajuste que subirá en el año electoral un escalón más.

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