Sindicales
1/7/2026
Neuquén: a 5 años de la explosión de la escuela de Aguada San Roque
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Este lunes 29 de junio, al cumplirse cinco años de la orden de volver a la presencialidad exigida por familias afines a la ministra de Educación de aquel entonces, Cristina Storioni, las y los trabajadores de la Educación de Neuquén paramos masivamente (en un porcentaje que rondó el 95%) y nos movilizamos a Casa de Gobierno reclamando que cese la impunidad.
Es que los resultados del juicio dejaron fuera del mismo o absolvieron a los principales responsables del crimen laboral de Mónica, Nicolás y Mariano, y condenaron con penas menores a seis imputados. La carátula de la causa, limitada a "estrago culposo", fue un anticipo de la impunidad actual. Al contrario de lo definido por el aparato judicial, lo que desencadenó la masacre se trató de una trama consciente y cargada de desidia por las vidas de trabajadoras y trabajadores.
No fue negligencia, como dijo ayer en el acto frente a Casa de Gobierno una dirigente de Aten. Fue un modus operandi generalizado y de larga data entre el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y las empresas contratistas, que no tiene nada de negligente y mucho de criminal. Un modus operandi encubierto por el aparato judicial, que se mantiene hasta nuestros días, en que varias veces hemos caminado por la delgada línea que separa que ocurra o no otra Aguada San Roque.
La orden dictatorial de la ministra
El 29 de junio de 2021, aún en pandemia y en riesgo según los informes de Salud Pública, la escuela primaria de Aguada San Roque, en zona rural y rodeada de yacimientos hidrocarburíferos, explotó provocando la muerte de la docente Mónica Jara y de dos operarios de la empresa contratista que estaba realizando refacciones. Pero no se trató de un "accidente", sino de una situación forzada como parte de la política de regreso a la presencialidad sin condiciones para satisfacer los reclamos de grupos reaccionarios que se destacaron siempre por organizar el rechazo a los reclamos y medidas de Aten.
En enero de 2021 (el año en que ocurrió la explosión), la ministra de Educación de la provincia se reunió con la organización Padres Organizados de Neuquén (Diario Río Negro, 22/1/2021). Esta organización realiza campañas contra cualquier medida de fuerza de la docencia, y como ellos mismos recuerdan en su sitio, el 23 de junio de 2021 (seis días antes de la explosión de la escuela) estaban en la campaña "#VigiliaFederalPorLaPresencialidad" prendiendo velas en las puertas de la Casa de Gobierno. Uno de sus referentes, Gerardo Minnaard, previamente a la reunión con la ministra había patrocinado un recurso de amparo ante la justicia para el regreso a clases presenciales, y aunque se reclamaba apartidario, dos años después se convirtió en un dirigente del mileísmo en la zona sur de la provincia. Otra referente de Padres Organizados de Neuquén, Magdalena Marso (una empresaria y coach de encuentros empresarios), exigió que el regreso a clases sea el 100% presencial.
Por eso no es casual que el 11 de junio el Consejo Provincial de Educación emitiera la Resolución 0440/2021, por la cual se aprueba un "Plan de Presencialidad Administrada para el restablecimiento de las clases presenciales en el sistema educativo provincial". En el Anexo Único de esta Resolución se detallan unas 80 escuelas rurales que deben regresar a la presencialidad a partir del 14 de junio; en ese listado figura la escuela de Aguada San Roque (Prensa Obrera, 26/8/2024).
No conforme con esa norma, la ministra dio respuesta política a este reducido grupo nefasto que se presenta como "familias preocupadas por la educación", y el 25/6/2021 (cuatro días antes de la explosión) emitió la Resolución Nº 0470/2021, por la cual disponía "el regreso a las clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial", que acompañó ese mismo día con una campaña mediática donde decía que dicha Resolución "es como una ley y se debe acatar aunque no todos estén de acuerdo" (LMN, 25/6/2021).
La ministra no podía desconocer que la Escuela de Aguada San Roque estaba en obra; en el Ministerio de Obras Públicas no podían desconocer las declaraciones de la ministra de Educación y no relacionarlo con el hecho de que la escuela estaba en obras. La empresa sabía que la obra no estaba terminada. A nadie le importó. Hubo un desprecio total por las vidas ajenas. Había que halagar al grupo de punteros rabiosamente antiderechos y futuros dirigentes libertarios, del clásico sector pequeñoburgués que funge de punta de lanza contra la docencia, sus luchas y sus conquistas.
Por eso, considerar que la vista gorda de Obras Públicas y de la ministra de Educación se reduce a una acción culposa fue el primer síntoma de impunidad. Tampoco fue negligencia: fue una política y accionar activo donde estaban obligados a prefigurar el resultado ocurrido. Su conducta fue dolosa, parte de una trama de corrupción y de apoyo político al naciente mileísmo negacionista de la pandemia, que no mide en vidas humanas las necesidades de sus propios ombligos.
El juicio: la burocracia sindical se pisa la cola
Cuando la compañera Mónica falleció tras días de agonizar, Aten convocó a un paro y marcha como la de ayer. En las mismas puertas de la Casa de Gobierno donde ayer estuvimos, ante el reclamo de la base exigiendo la renuncia de la ministra de Educación, el secretario general de entonces, Marcelo Guagliardo, se despachó diciendo que ese pedido era inconducente. Amnistiando así a una de las principales responsables políticas de la masacre laboral.
Luego, cuando se realizó la audiencia de cargos, la dirigencia del TEP-Celeste dijo que había sido un fallo histórico. A cinco años, hoy tuvieron que decir todo lo contrario. La secretaria general dijo que "no está conforme con ese fallo" y reclamó por la impunidad de los responsables políticos, lo cual para el TEP-Celeste hace cinco años atrás era inconducente.
Estos enredos de una política que evitó una crisis al gobierno de aquel entonces terminaron enredando también al discurso de ayer de la secretaria general, que no tuvo la mejor idea que dedicar la mayor parte de su oratoria al contexto de pandemia de aquella época y criticar las acciones que impulsábamos desde la oposición: nos acusó de poner en peligro la vida de las y los compañeros. Muy a tono con el hecho de que uno de los dirigentes del TEP-Celeste reclamó la represión de la policía contra los que nos animábamos (con las mayores precauciones de distanciamiento y de evitar contagios) a enfrentar en la calle la política oficial de regresar a la presencialidad sin condiciones.
Por eso resulta un relato que luego haya adjudicado una serie de conquistas, no a la movilización en las duras condiciones sanitarias que libró la oposición, sino a una huelga de hambre que cinco dirigentes de Aten hicieron dentro de Casa de Gobierno.
El resultado del fallo por la explosión y el triple crimen laboral en la escuela de Aguada San Roque es de impunidad, como el fallo de la causa Fuentealba II. El TEP-Celeste afirma lo contrario para esconder que su política desmovilizadora y de buenas migas con la patronal lleva a estos resultados. Como aquello de adjudicar al contexto un acuerdo salarial que implica perder poder adquisitivo y negarse a reclamar la reapertura de la mesa salarial.
Nos preparamos para la lucha por el reclamo salarial, en tanto la conducción ceterista de Aten se refugia en la autoproclamación, esperando que sus referentes políticos nacionales definan algún entramado electoral.
La iniciativa está en nuestras manos.
