Ante el fracaso de hacer pasar su propuesta de rebaja salarial por las asambleas, el gobernador respondió con una política de “vendetta”: sacó un decreto por el cual impone de prepo las cláusulas de actualización salarial de su propuesta, elimina puntos de la misma y condiciona el cobro de sumas y de los “bonos” por única vez, a no acatar las medidas de fuerza.

El decretazo está firmado por todo el gabinete, incluida, la “progre” ministra de Educación, Soledad Martinez, presidenta del Frente Grande. La que luego a través de un video lanzó una campaña de amedrentamiento contra quienes se adhieran a la huelga.

Esto es muy instructivo en dos aspectos. Por un lado porque una ministra que pertenece a un partido que el próximo 24 de marzo se rasgará las vestiduras por los derechos humanos procede al mejor estilo del negacionismo de Milei-Villarruel a la hora de las conquistas y los derechos laborales. Por otro lado es toda una lección para quienes piensan que el centroizquierdismo es algún factor de progreso obrero.

La utilización del decretazo es un intento patronal que denota un estado de crisis interna (por ejemplo violentos cruces entre senadores alineados con el gobernador, respecto al voto por el DNU) y de incapacidad de pilotear un conflicto laboral.

Porque con el decretazo queda claro que los condicionamientos a factores macroeconómicos que el gobierno introdujo en la propuesta, que lo habilitaban a dar de baja el acuerdo a su exclusiva voluntad, iban a ser usados en cualquier momento. Porque el decretazo no solo modifica puntos de la propuesta, elimina otros, y otros los coloca a la baja.

Es decir, no uso el decretazo para sostener su propuesta, sino para anularla y reemplazarla por un acto de prepotencia y violencia estatal a la baja.

Decretazo y propuesta

Apenas 48 horas después de entregar la propuesta en la mesa de negociación, el gobierno emitió su decretazo. ¿Qué cambió en esas 48 horas?: que las asambleas rechazaron masivamente la misma.

Entonces el decretazo pretende ir más a fondo en la línea de rebaja salarial que ya incluía la propuesta y sumar como concepto el presentismo. Una especie de item aula del gobierno radical de Mendoza.

En el decretazo desaparece el compromiso del gobierno de actualizar las asignaciones familiares en el mes de junio y diciembre de cada año por la variación del IPC.

Respecto la continuidad del pago del Fonid y la Conectividad le agrega que se liquidará “en las mismas condiciones de las que se liquidaron en el mes de diciembre de 2023”, que muy bien puede referirse a que se mantendrá congelado el monto a ese mes.

No figura en el decretazo el incremento de un 30% sobre un adicional que bonifica por zona.

Tampoco se incluye un incremento de $ 10.000 sobre otro adicional.

Se condiciona el cobro de dos sumas no remunerativas y no bonificables de $ 100.000 y $ 125.000 a cobrarse en marzo y abril respectivamente a que no se adhiera a las medidas de fuerza en curso. Además se retrasa el compromiso de la fecha de pago de dichas sumas. El mismo condicionamiento se puso para cobrar en concepto de Conectividad.

Y otro “detalle”. En el decretazo ya no se denominan “sumas”, sino “compensación”, es decir, no es un ítem salarial sino un reintegro de algún gasto (no se dice cual) o es un intento de pagar esa “compensación” por la exclusión del IPC de enero de 2024 (25%) en la base de cálculo de las actualizaciones.

Plenario de urgencia

A pocas horas de conocido el decretazo se realizó en Zapala un plenario de urgencia de las directivas seccionales y la Comisión Provincial de Aten. Asistieron 20 de las 22 seccionales, en una gran respuesta militante. El plenario se desarrolló con la presencia de muchas y muchos compañeros de base.

Es que ha crecido la indignación, porque el método del decretazo fue el método preferido de los gobiernos de Sobisch, el fusilador de Carlos Fuentealba. Lo cual evidencia lo oportuno del cántico de la última marcha cuando se decía: “Che Figueroa, sacate la careta, que el bigote se asoma por detrás, vos sos amigo de Sobisch asesino, y ahora las maestras te lo vamos a cobrar”.

De eso se trata, precisamente.

El plenario reafirmó las 72 horas de paro y las actividades votadas para el 19, 20 y 21 de marzo. Pero agregó una conferencia de prensa de Aten y todas las organizaciones en lucha, incluidos (si les da para ir) aquellos sindicatos que ya aceptaron la propuesta a la baja, para el lunes 18 a la mañana en las puertas de la Casa de Gobierno.

Y se adelantó la marcha provincial del miércoles al martes, sumando una permanencia con olla popular hasta horas de la tarde. Y el miércoles, sin marcha, una nueva permanencia con olla popular el mismo lapso de tiempo.

Las asambleas quedaron como originalmente eran, para el jueves, las que deberán ser aún más masivas que las últimas.

En el plenario se hizo hincapié, de parte de varias seccionales, en colocar una campaña contra el amenazado descuento de días de paro, un arma de coacción de la “progre” ministra de (des)educación.

Decreto anticonstitucional

Un aspecto, que aún no se ha mencionado, es que el decreto viola garantías constitucionales establecidas en la propia Constitución Provincial.

Un tema que dará tela para cortar.

Porque la CP en su artículo 38º determina que se “asegurará a todo trabajador en forma permanente y definitiva… (inciso h) “Prohíbese toda medida que conduzca a aumentar el esfuerzo de los trabajadores, como condición para determinar su salario, en trabajo incentivado”.

El condicionamiento para cobrar determinadas sumas a que no se adhiera a una medida de fuerza, no es otra cosa que “aumentar el esfuerzo” para obtener un salario o una condición para un “trabajo incentivado”.

Esto introduce, además, una groserísima violación sobre la prohibición de cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Esto cuando dos de esas sumas ya le han sido otorgadas a otras/os trabajadores del Estado.

También se viola el principio laboral que las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, y la CP tiene incorporado en su texto la Declaración Universal de los Derechos Derechos del Hombre sancionados por la Organización de las Naciones Unidas en París en 1948, y por lo tanto el derecho a ejercer la huelga (art. 21º)

La propia CP también en su artículo 39º establece que “se reconoce el derecho huelga como medio de defensa de los derechos de los trabajadores y de las garantías sociales. Los trabajadores no podrán ser perseguidos ni arrestados por sus actividades sindicales…”. La discriminación que ejecuta el decretazo para el cobro de algunas sumas es una clara persecución por las actividades sindicales.

Con esto solo alcanzaría para que un juez laboral, o la propia Legislatura (a la cual el Poder Ejecutivo envió el decreto en forma de estilo) puede intervenir en el tema.

Desde ya la diputada Gabriela Suppicich del PO en el FIT-U, impulsará la anulación del decreto por esta serie de vicios inconstitucionales y por atentatorio de la actividad sindical.

Sin perder de vista que la clave del tema pasa por 72 horas de paro y movilización masivos y por asambleas que reafirmen la continuidad del plan de lucha hasta obtener un acuerdo que no implique una rebaja salarial de antemano y contemple el pliego votado.

https://prensaobrera.com/sindicales/docentes-neuquen-el-plenario-provincial-resolvio-paro-de-72-horas-y-acciones-en-toda-la-provincia