Con una estrategia de desgaste que lleva semanas, los gobiernos nacional y provincial han decidido dejar a los mineros en la calle, a cambio de otorgarle $ 20.000 como un subsidio al desocupado, que es más bajo aún que sus ya bajos salarios de convenio. Esta propuesta de subsidio fue realizada ayer en una reunión con el gobierno, donde otra vez faltó la patronal.

Los obreros rechazan este subsidio por ser insuficiente y por no contemplar la continuidad de los puestos de trabajo. Este sábado por la mañana, una delegación de obreros mineros se trasladó a las puertas de la Fiscalía, en Neuquen capital (que oficia de mediador) para instalarse hasta conseguir lo que reclaman.

En lo que es el meollo de la cuestión, o sea el mantenimiento de la fuente de trabajo y los puestos laborales bajo convenio, la propuesta oficial deja todo librado a la aparición de otra nueva empresa (y van…), en un proceso que de concretarse tardará varios meses.

Los gobiernos saben perfectamente que en el marco del default y la crisis mundial, la posibilidad de la llegada de inversiones para la mina está en un limbo.

Por eso, rescindido el contrato con Trident S.A., que el Estado se haga cargo de la continuidad productiva pasa a ser una cuestión vital.

Insistir con la llegada de “nuevos inversores” es seguir tropezando adrede con la misma piedra. Hace ya casi cuatro años dijimos que Trident S.A. no era una inversión productiva, sino una aventura especulativa.

Insistimos varios años después en la misma salida: retomar la producción y el regreso al trabajo de los mineros.

La incautación de los bienes de la empresa, el embargo por el millón de dólares del seguro que la empresa nunca depositó es la fuente de los recursos para pagar los salarios adeudados y garantizar el funcionamiento de la mina bajo el control de sus obreros.

Pero para ello el Estado debería ir contra los intereses del capital. Esto será producto de una imposición de la lucha.

Vamos por el regreso al trabajo

Apoyada en la lucha tenaz de los obreros y el pueblo de Andacollo, la diputada Patricia Jure presentará el lunes el proyecto para que el Poder Ejecutivo incaute los bienes de la empresa, retome la producción y pague los salarios caídos.

Esta perspectiva contrasta con las medidas que impulsan tanto desde el gobierno nacional como provincial de meros paliativos para ganar tiempo.

Además, el proyecto del FIT exigirá la interpelación a Martín Irigoyen, para la rendición de cuentas sobre la permisividad que Cormine S.E. (titular del recurso) tuvo con la empresa. Algo que repite lo que hizo con el anterior concesionario, la Andacollo Gold S.A. No es ninguna casualidad que el titular de Cormine S.E. sea el mismo y actúe como un gerente de las mineras.

Ahora más que nunca, se necesita una nueva movilización del pueblo de Andacollo y la zona norte, así como rodear de solidaridad a la delegación que se ha instalado en Fiscalía en Neuquén y a quienes permanecen en el corte de Arroyito.Viva la lucha de los mineros.