Mientras se desarrollaba una protesta en hospitales de la capital, el gobierno de Neuquén y la dirección de ATE y CTA acordaban la solicitud conjunta de fondos al Estado nacional para pagar salarios.

La acción de lucha en los hospitales fue para que se respete el aumento salarial pactado por IPC (índice de precios al consumidor), ropa de trabajo e ítems del convenio colectivo que representan una mejora salarial. Esta iniciativa se realizó con un abrazo y marcha en el hospital Castro Rendón y con un aplausazo en el hospital Bouquet Roldan. Son reacciones de lucha de quienes están en primera línea de atención de la pandemia.

En cuanto a la reunión de ATE y el gobierno, las implicancias políticas son muy importantes. De lo que surge del propio comunicado de la organización gremial, la reunión fue para escuchar a los funcionarios provinciales sobre la caída de la recaudación y de las dudas de cómo se pagarán los salarios. La conclusión de la misma es que ATE y Provincia (la patronal) pedirán fondo a Nación para pagar salarios. Tampoco surgió del encuentro qué sucederá con los aumentos de salarios pactados por 6 meses del conjunto de los estatales neuquinos, ni cuáles fueron los planteos del sindicato sobre este punto. Tenemos así a una organización sindical que oficiará de vocero del gobierno.

Un día después, el gobierno dio a conocer, a través del Ministerio de Economía, que la caída de la recaudación fiscal de los meses de abril y mayo ascenderá a los $8.722 millones y advierte que si no se concreta el barril “criollo”, la recaudación caerá mucho más. En efecto, el gobierno utiliza la extorsión de un hipotético no pago de los salarios para dos fines. Por un lado, para obtener fondos del Tesoro nacional, y por el otro, presionar en la ejecución de un precio sostén que beneficie a las petroleras y, por esa vía, aumentar la recaudación. Para ambos objetivos, tiene el aval del sindicato.

Esta situación de comunión entre ATE y el gobierno no es nueva. En el 2019, cuando se congeló el barril de petróleo y se colocó una rebaja del IVA, la CTA Neuquén también realizó un frente único con el gobierno.

La responsabilidad del gobierno en la crisis

El anuncio de que en abril y mayo la provincia tendría una baja de $8.722 millones de recaudación, y que por ello no se pagaría la actualización por IPC ni tampoco en tiempo y forma el salario de abril, debe ser bien mirada y puesta en contexto. Es que el presupuesto estima que el ingreso promedio mensual en concepto de impuestos provinciales y coparticipación federal es de $ 11.059 millones. Oficialmente, se reconoce que en febrero se recaudó $12.492 millones por esos tres conceptos. Vale decir, entonces, que en febrero se estuvo $ 1.400 millones por encima del promedio presupuestado.

En regalías, previo a la pandemia, como durante enero y febrero la producción creció respecto a meses anteriores, y también fue superior el precio del barril respecto al presupuestado, implica una recaudación de varios miles de millones superior a lo presupuestado.

En cambio, durante el primer trimestre los salarios se mantuvieron constantes. Por lo tanto corresponde decir que la provincia llega a la anunciada baja de ingresos de abril y mayo, con un “colchón” de fondos extra respecto a lo previsto.

La coparticipación nacional también debe ponerse en contexto. La incidencia de esta transferencia desde Nación respecto a los recursos totales de la provincia viene cayendo desde un 32% en el año 2011 hasta un 25% del presente presupuesto. Pero esto es pura responsabilidad de los distintos gobiernos del MPN que han firmado todos los Pactos Fiscales a la baja y resignado fondos en favor de Nación (o sea del pago de la deuda usuraria). Ahora no se puede utilizar el argumento de la baja de dicha coparticipación para bajar los salarios o no actualizarlos o pagarlos fuera de fecha. Y mucho menos es responsabilidad de los empleados públicos que el oficialismo, con el voto a favor de gran parte de la oposición patronal, luego de presentado el presupuesto 2020 se haya lanzado a una frenética carrera de autorizaciones de endeudamiento entre el 21 y el 28 de noviembre del año pasado a través de las ley Nº 3222 y 3225 por un total de 14.500 millones de pesos o su equivalente en dólares estadounidenses (Boletín Oficial 3725 del 20/12/2019).

Insistimos, el gobierno con el auxilio de la conducción Fernandista de ATE se prepara para un ajuste contra los trabajadores en tanto mendiga una ayuda de Nación.

Que la crisis la paguen los capitalistas

En la línea de compromiso entre ATE y el gobierno, es que se entiende cómo el sindicato no levantó ningún planteo de control obrero de las cuentas públicas, ni señaló la responsabilidad del gobierno en el actual déficit. Es que por un lado, los presupuestos provinciales fueron un festival de endeudamiento a tasas usurarias, llevando al gobierno al compromiso de pagar este año casi $20.000 millones de capital e intereses de deuda. Y por otra parte, en otro festival de subsidio que consistió en que los capitalistas de la provincia tributaran impuestos provinciales por debajo de la inflación.

En este escenario se impone una deliberación en torno a una salida opuesta. Por ejemplo, interrumpir el pago de los intereses anuales de la deuda, el cual es equivalente a la caída de la recaudación que el gobierno señala. Lo segundo es proceder a una auditoria de las cuentas fiscales, realizada por trabajadores y técnicos elegidos en asambleas de los sindicatos de base, y tercero, un impuesto extraordinario a las grandes empresas que facturaron enormes ganancias.

Más que nunca, discutamos esta salida y rechacemos el ajuste en salarios y jubilaciones que prepara el gobierno.