Sería una concepción parcializada entender el resultado de la mesa de negociación, que, tras sucesivos cuartos intermedios, se desarrolló durante todo febrero entre el gobierno del MPN y la conducción de ATEN (TEP-Celeste), solo como una cuestión de salarios.

Bajo la forma de una discusión salarial, muy importante para más de 25.000 trabajadoras/es de la educación, se manifestó la necesidad de la burocracia baradelista de no alterar el cuadro político de un gobierno provincial que atraviesa una crisis interna y mira el año electoral del 2023 fogoneado por dicha crisis.

A la línea oficial del MPN del gobernador (lista Azul) recientemente le ha sacado el apoyo la poderosa lista Azul y Blanca del petrolero Guillermo Pereyra, cuando el primero aún no había terminado de digerir la derrota que le impuso la huelga de Salud a inicios del año pasado y posteriormente la victoria en la interna para diputados de su rival, “Rolo” Figueroa.

Huérfano de grandes padrinos (excepto el exgobernador Jorge Sapag), el oficialismo del MPN se ha recostado en la figura del intendente capitalino, Mariano Gaido, que abrió su propio camino haciendo una alianza variopinta, que incluyó en diciembre pasado un guiño sin tapujos al FdeT al colocar al concejal de este sector, Marcelo Zuñiga, en la línea sucesoria del gobierno municipal. En esa línea, apenas horas después de la firma del acuerdo salarial con ATEN, el propio gobernador imitó el gesto del intendente y envió el pliego para cubrir la vacante de vocal en el Tribunal Superior de Justicia, nominando a un representante del bloque del FdeT, ligado a Oscar Parrilli.

Estos guiños políticos del oficialismo provincial hacia el FdeT se reflejaron en lo actuado por una conducción sindical como el TEP-Celeste, que sigue al pie de la letra la orientación política de CTERA a favor del gobierno nacional para garantizar a cualquier precio la gobernabilidad de los Fernández y los gobernadores afines.

Por lo tanto, durante todo febrero el TEP-Celeste, aún a costa de rifar una parte de su capital político, blindó a un gobierno provincial (con fisuras internas y sin apoyo popular) de una crisis por abajo, desde la movilización obrera.

Febrero, un mes largo… en dilaciones

La primera reunión de la mesa salarial fue el 6 de febrero. Anunciada con dos meses de anticipación, el gobierno había dicho que iba a concurrir con una propuesta que “pudiera cumplir” para llegar al inicio de clases con un acuerdo firmado con anticipación suficiente.

Sin embargo, llegó a la primera mesa sin propuesta alguna, a tal punto que ni siquiera se firmó un acta y se pasó a un cuarto intermedio. Y a partir de allí el gobierno tuvo todo el tiempo la iniciativa en sucesivas reuniones sin propuesta alguna.

A partir del 14 de febrero todos los niveles y modalidades estaban en las escuelas, es decir, ATEN estaba en condiciones de convocar a asambleas para votar un pliego y un plan de acción para alcanzarlo. Pero no lo hizo.
La directiva provincial de ATEN le siguió dando aire al gobierno y su “nada misma”.

Le cedió la iniciativa para consumir el mes entero en reuniones sin algo concreto. Solo al final de mes el gobierno presentó una propuesta y el TEP-Celeste convocó a asambleas llamando a aprobarla por ser “de calidad e integral”.
Contrariando a la dirección sindical y al propio gobierno, las asambleas votaron masivamente, incluso en seccionales que dirige el TEP-Celeste, por el rechazo y un no inicio de 72 horas con movilizaciones.

La propuesta “de calidad e integral” era de 15 meses (con vigencia desde el 1º de enero del 2022 hasta el 31 de marzo de 2023). Para hacerla durar hasta el primer trimestre del año entrante, la propuesta tenía un injerto en el primer trimestre de 2022 de un 20% de aumento y regresar al IPC trimestral recién a partir del 1º de abril.

Una propuesta tal no era solo salarial, era además, un blindaje político hacia el MPN. El acuerdo, incluyendo el primer trimestre del año entrante, permite al MPN convocar a elecciones provinciales adelantadas en marzo (como ocurrió en el 2019 que fueron el 10 de marzo), y, de esta forma, tener un inicio de clase en el año electoral con un acuerdo vigente, es decir, sin conflictos.

Pero además, permite presentar ese 20% de enero a marzo del 2022 como un recupero de lo perdido respecto a la inflación durante los años 2020 y 2021. Que por supuesto no recupera, y, además, con una actualización por IPC a partir del 1º de enero de este año, la misma no bajaría del 12 al 15%. El injerto es nada más que para permitir al MPN en un año electoral un inicio con acuerdo vigente.

Luego del rechazo de la primera propuesta, la conducción TEP-Celeste fue al plenario que debía votarlo junto al no inicio de 72 horas con movilizaciones, con la decisión tomada de boicotear el mandato de las asambleas.
Con un gobierno que había recibido un golpe demoledor desde las bases y teniendo que cerrar aún un acuerdo con ATE y los estatales, al gobernador lo desvelaba que se abriera una situación similar a la huelga de salud del año pasado, con el ingrediente extra que esta vez las y los trabajadores de la educación serían parte activa del conflicto.

Por eso la conducción de ATEN le volvió a tirar un salvavidas político al MPN: le pidió al gobernador una nueva reunión para poder justificar la suspensión del plenario que debía votar el rechazo y las medidas de fuerza.
El gobierno ni lerdo ni perezoso le concedió la nueva reunión para que la directiva provincial de ATEN levantara el plenario sin votar lo decidido en las asambleas, dejando así a ATEN sin mandato de rechazo y lucha.
La argumentada urgencia para ir a una nueva mesa sin votar en el plenario solo la tenía el gobierno y el TEP-Celeste, de ninguna manera las bases de ATEN que ya se habían expresado.

La segunda ronda del blindaje

Por supuesto al concurrir a esa nueva reunión sin el mandato de las asambleas envalentonó al gobierno, que junto a la conducción decidió un nuevo cuarto intermedio para el otro día (el viernes 25) a la mañana, que finalmente se concretó por la tarde, a escasos minutos de las nuevas asambleas convocadas para el viernes a las 18 horas.
De esta forma el TEP-Celeste le brindó al gobierno todas las garantías de no ejecutar un plan de lucha, buscar revertir el rechazo y conseguir la aceptación, para un inicio de clases “normal”.

Los últimos cuartos intermedios sirvieron, también, para que el gobierno cerrara un acuerdo con ATE y llegar a las asambleas de ATEN del viernes a la tarde con la novedad que ATE ya había aceptado. Como ATE, de la mano de su secretario general, Carlos Quintriqueo, también juega en el terreno del FdeT, la mano política del gobierno nacional y el pacto con el FMI fue el norte que orientó la táctica y la estrategia de ambas burocracias: la estatal y la de ATEN.
La subordinación al gobierno nacional y la caracterización del mismo como “nuestro gobierno” de parte de ambas burocracias colisiona con cualquier choque con la política del MPN que acuerda, precisamente, en el Consejo Federal y la paritaria nacional, con la burocracia de CTERA.

Por eso, para aprobar finalmente una “nueva” propuesta, que en realidad empeora la anterior, tuvieron que llevar hasta el último minuto hábil previo al día del inicio la maniobra por la aceptación. La cual incluyó la campaña del gobierno de convocar a sus punteros para votar en las asambleas de ATEN “bien arregladitas como si fueron docentes”.

De cara al raspado de la olla en el Congreso para asegurar los votos para el pacto con el FMI, las expresiones sindicales del FdeT en Neuquén no iban a complicar a un gobierno provincial que puede aportar votos en ese sentido. Menos a abrir un proceso que derive en una rebelión como la del año pasado en salud que termine hundiendo al gobierno en una mayor crisis.

Ese es la arista política de esta mesa salarial durante todo febrero.