Neuquén: la ministra de Educación no resiste sus propios datos oficiales

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, que acaba se subirse al palco de lanzamiento de la candidatura de Axel Kicillof junto a Hugo Yasky y Roberto Baradel, ha lanzado una serie de datos renovando el ataque del gobernador contra las licencias médicas de las y los trabajadores de la educación. Ataque que por la lucha promovida por las seccionales opositoras tuvo que recular cuando firmó el acuerdo salarial de diciembre pasado.

Pero en plan de campaña por la disputa del voto libertario, el gobierno ha retomado la ofensiva contra lo que califica de “abusos” en el uso de licencias médicas. Este ataque esta registrado en un artículo de LMN del 30/9/2026 citando fuentes del ministerio y afirmaciones de la propia funcionaria donde se jacta de haber logrado “una importante reducción de licencias”.

La ministra incluye entre esas medidas la ley del llamado “adicional al desarrollo profesional docente” y que la docencia bautizó como ley “de presentismo”. Lo que confirma que no es ni adicional, ni desarrollo profesional, sino una limitación al uso de licencias médicas establecidas en el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias.
En el reportaje la ministra, al mejor estilo de Milei, revolea cifras, datos estadísticos y presenta montos “ahorrados” para impresionar a futuros electores sobre una política oficial de “mano dura” contra los abusos.

Pero o la ministra no sabe hacer las cuentas, o sabiendo hacerlas ha decidido presentar un chamuyo.

Estadísticas oficiales y relato oficial

Todos los datos que se utilizan en este artículo son tomados del Relevamiento Anual que realiza el propio ministerio de Educación de la provincia y corresponden al año pasado.
Datos que informan que existen en el sistema estatal 22.735 cargos docentes y 172.748 horas cátedra (cada 18 horas cátedra equivalen a un cargo). Hay profesoras/es que tienen 36 horas cátedra semanales (el tope) y otros que tienen bloques de 6 o 9 horas cátedra. Con lo cual la cantidad de personas físicas que ocupan esas horas solo pueden estimarse. Como existen alrededor de unos 200 establecimientos con horas cátedra (Nivel Medio y Superior) puede inferirse como dato razonable que unos 10.000 profesoras/es se reparten el universo de esas horas.
Por su parte hay un total de 800 establecimientos públicos, incluyendo los otros niveles y modalidades.

Hay que contrastar con estos datos los dichos de la ministra para dimensionar a qué llama “abusos” en el uso de licencias.
Según la funcionaria al Sistema Integral de Salud Ocupacional (SISO) se presentan unos 1.100 certificados por licencias médicas de todo tipo por día. O sea 1,1 por día por establecimiento estatal. Como el promedio de esos certificados por licencias de corto tratamiento (hasta 30 días corridos), dijo la ministra que en promedio rondan los siete días, por cada escuela estatal de la provincia de Neuquén en un mes a lo sumo toman licencia médica por corto tratamiento cuatro docentes. Lo comparó con los quince días de las licencias de corto tratamiento “cuando comenzó la gestión” haciendo alarde de la disminución.
Lo que no dice la ministra es que el sistema SISO hace largo tiempo que reduce automáticamente a la mitad los días de licencia por corto tratamiento que autoriza respecto a la cantidad de días indicados por la o el profesional médico. Lo cual obliga a docentes con dolencias, aún con gripe u otras patologías cortas, a regresar a la escuela cuando aún no está repuesto de salud.

La ministra utiliza el método de aquel director de un hospital que cuando el desenlace fatal de una persona internada era inevitable le otorgaba el alta, bajando así el promedio de personas fallecidas en el nosocomio.

Algo más

Otras de las razones que esgrime la ministra para explicar la “importante reducción de licencias” es la instrumentación de un sistema de auditorías médicas que visitan la vivienda de quienes presentan esos certificados para constatar las causas de la licencia. Y muy suelta de cuerpo la ministra dice que hay un equipo de “17 profesionales” dedicados a esa tarea. Uno por cada 2.500 docentes, es decir, un dibujo que ni siquiera alcanza para “auditar a domicilio” las localidades de cierta magnitud poblacional o cantidad de escuelas. Y se trata de profesionales médicos que ni siquiera son empleados del CPE, sino que han sido contratados bajo la forma de “locación de servicios”. Precariedad laboral que es un apriete para obtener resultados favorables al gobierno.

Otro mecanismo utilizado por el gobierno es que el SISO demora en auditar los certificados médicos dos o tres días, durante los cuales las direcciones de las escuelas no pueden designar suplentes porque no está firme la licencia del docente que ocupa ese cargo.

Todas estas maniobras para adjudicarse una reducción de licencias docentes, se complementa también con la escandalosa actuación de la ART, la que a través de videollamadas desde cientos de kilómetros interrumpe las licencias por accidentes laborales y ordena el regreso al aula en condiciones en que el o la docente no esta recuperado. Una metodología que nada tiene que ver con un criterio médico, sino con las maniobras para reducir artificialmente las licencias.

Lógicamente el gobierno no podría ejecutar este plan siniestro (enviar a trabajar a docentes aún enfermos o con secuelas de accidentes laborales) si no contara con la complicidad de la conducción provincial de Aten. Esto lo confirma las declaraciones que hizo su secretaria general, Fany Mansilla quien “reconoció que el fortalecimiento de los mecanismos de control pudo haber tenido incidencia en la reducción de las licencias, aunque evitó atribuir el resultado exclusivamente al adicional docente. Lo que creemos es que se debe haber mejorado el contralor, entonces eso pudo haber impactado en la cantidad de licencias” (LMN, 30/9/2026).

Este punto de vista otorga crédito a que antes habría “abusos” que se corrigieron “fortaleciendo los mecanismos de control”. Un aval absoluto a las maniobras del gobierno contra el régimen de licencias.

El enfrentamiento a las intenciones del gobierno de reanudar el ataque a ese régimen, está en manos de la base en primer lugar, y debe ser tomado como reclamo por las seccionales recuperadas. La conducción provincial de Aten se coloca del lado de la patronal, como en tantos otros temas