Poco días antes de cumplirse el primer aniversario del triple crimen laboral por la explosión de Aguada San Roque, durante la maniobra de purga de una válvula de un pozo gasífero en un yacimiento una explosión mató a un operario e hirió gravemente a otro.

Tal como hizo la madre de la maestra muerta en Aguada San Roque, el herido, que se repone lentamente, dirigió una carta a sus compañeros donde denuncia las mismas razones que condujeron a la explosión en la escuela: “hagamos cumplir nuestro derecho a trabajar en instalaciones de equipos cumpliendo todos los estándares de seguridad ante todo”.

El argumento de la productividad en el petróleo y la presencialidad forzada en las escuelas han conducido al mismo resultado: asesinatos laborales. Todo lo cual pone a debate si las condiciones de trabajo las siguen controlando “manu militari” las patronales y/o funcionarios o, por el contrario, esas condiciones laborales “ante todo” las controlan las comisiones obreras de seguridad e higiene electas por la base en cada lugar de trabajo.

Las direcciones sindicales, que cargan con su propia responsabilidad, no pueden asumir ese control. En ese sentido la Comisión Mixta sobre el tema que el Ministerio de Trabajo puso en marcha a partir del último accidente es una Comisión Mixta de los responsables de los crímenes laborales. El papel del propio ministerio y de las patronales no requiere mayores explicaciones. Pero no hay que olvidar que el actual secretario general del sindicato petrolero, como parte de la directiva anterior, firmó las adendas que flexibilizaron las medidas de seguridad. Por eso que ahora el secretario general Marcelo Rucci diga que esta muerte se debe al “afán de hacer las cosas a las apuradas, qué sentido tiene estar trabajando en horas de la madrugada para poner un pozo en marcha pudiéndolo hacer durante el día, donde hay más gente, más seguridad, inspección”, no es otra cosa que ocultar su propia responsabilidad. Y esto interpretando la frase en el sentido más favorable al dirigente, porque no queda claro si la “apurada” era la patronal o las propias víctimas.

La adenda firmada en el año 2017 al CCT, en su punto 6 (Optimización operativa) y detalladamente en el Anexo A, fija las tareas que ambos operarios fueron a realizar en horas de madrugada, en plena noche. Es decir, con la adenda se levantaron ciertas restricciones y se dejó terreno allanado a las patronales para todo tipo de abusos. De modo que si según el abogado sindical “… estamos ante un homicidio doloso por dolo eventual, un homicidio por codicia. El ánimo de lucro desmedido por parte de YPF y de la contratista cuyo único objetivo era no parar un pozo de gas”, es apenas la mitad de la verdad. La otra mitad es de la adenda que firmó la burocracia sindical.

En Aguada San Roque también

También es la mitad de la verdad decir, como hace eje la burocracia sindical de Aten, en los aspectos de profunda corrupción en la obra pública que aflora como desencadenante de la explosión. Pero no es menos cierto que la presión para una presencialidad forzada en las escuelas, cuya responsabilidad nos direcciona directamente al gobernador y a la ministra de Educación de entonces, Cristina Storioni, jugó su papel.

Fue precisamente la ministra que dijo tres días antes de la explosión: “el regreso a las aulas se debe acatar, la vuelta a la presencialidad se basa en fundamentos técnicos y no es un capricho”. Para ello emitió la respectiva norma (la Resolución Nº 470/2021) en el CPE. Y recordó que a partir del lunes 28 de junio de 2021 (el día anterior a la explosión) se volvía obligatoriamente a la presencialidad: la norma “es un instrumento que se establece para su cumplimiento y es lo mismo que cuando la Legislatura trata un proyecto y se transforma en ley, que es probable que no todos estén de acuerdo y para eso están las mayorías y minorías”.

Así se obligó a la docencia de esa escuela a estar en la misma cuando aún las tareas de refacción y ampliación no se habían concluido. Un detalle no menor es que dicha Resolución no fue firmada por las representaciones gremiales ni por el vocal por la comunidad en el Cuerpo Colegiado del CPE, y que la ministra la impuso con los votos de sus propios funcionarios en ese Cuerpo Colegiado. Más responsabilidad sería difícil encontrar en otros casos.

Sin embargo desde un primer momento la conducción de Aten (TEP-Celeste) como querellante de la causa se niega a imputarla. Dijo el secretario general, Marcelo Guagliardo, a pocos días de la masacre, que “es inconducente” imputar a la ministra Storioni. Y lo sigue sosteniendo un año después, con un cúmulo de evidencias abrumadoras. Conclusión: está a la vista que la seguridad e higiene de las condiciones laborales no pueden quedar en manos ni de las patronales ni de las burocracias sindicales asociadas a las mismas.

Es una tarea del colectivo, desde la base. Por comités de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo, electo por las y los trabajadores de cada lugar. Con poder de suspender las tareas ante riesgo grave o inminente, como lo autoriza la Resolución Nº 155 de la OIT, que es de aplicación obligatoria en nuestro país, ya que el Estado argentino adhiere a dicho organismo.

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